Un pacto de punto fijo
La dictadura de Pérez Jiménez destruyó la institucionalidad venezolana; luego de su salida, no se lograba estabilizar la frágil república hasta que en 1958 se reunieron en la casa de Rafael Caldera, líder de los socialcristianos del COPEI, los líderes socialdemócratas de Acción Democrática y los reformistas de la Unión Republicana Democrática, para firmar un pacto con tres acuerdos fundamentales: defensa incondicional al orden constitucional, gobierno de unidad con la distribución equitativa del gabinete, y un programa de gobierno consensuado. No faltaron los problemas desde el inicio, pero se logró consolidar la democracia por 40 años, convirtiéndola en la mejor de la región.
El Perú ha llegado a un nivel de decadencia institucional sumamente grave, donde las desastrosas actuaciones de Pedro Castillo, Vladimir Cerrón y Verónika Mendoza son tan solo parte de las consecuencias visibles. Está claro que nuestro régimen político se vio perjudicado por reformas incoherentes y maliciosamente dirigidas al debilitamiento del sistema de los partidos. La fallida regionalización dio paso al surgimiento de movimientos personalistas en su mayoría corruptos y episódicos, que generaron mayor desconfianza al interior del país. Todos los elementos entraron en ebullición luego de las elecciones generales de 2016, con la grave confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
La intolerancia al adversario, la falta de una verdadera clase política, y la incapacidad para obtener consensos, nos han llevado al peor gobierno de la historia republicana. Obligados a salir del hoyo, debemos aprender de los errores, convirtiendo las actuales negociaciones en algo más que el inmediato acuerdo para la nueva mesa directiva del Congreso; tentar un histórico consenso para hacer posible una nación común para la próxima década, con un programa de gobierno con el que la mayoría de fuerzas políticas democráticas se pueda reconocer e identificar, aunque no logren satisfacer sus pretensiones más importantes y queden obligados a moderar sus planteamientos.
Se trata de sacrificar legítimas tendencias en procura del fortalecimiento democrático para consolidar una década de estabilidad política en beneficio de la economía de todos los peruanos.
Es necesario un acuerdo formal para evitar que una ínfima minoría gane la segunda vuelta y se crea con derecho de imponer su programa al resto del país; un pacto de punto fijo que transforme el drama electoral en un episodio democrático, comprometiendo al candidato vencedor a seleccionar la mitad de integrantes del gabinete, para que los otros tres candidatos siguientes designen proporcionalmente a la otra mitad, compartiendo así el gobierno, con capacidad de veto y el mandato de colocar como ministros a sus mejores profesionales. El Perú merece el esfuerzo.
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