Todo son promesas o miradas de costado: ¿hasta cuándo?

Una vez más, la tragedia ha desnudado nuestras carencias y confirmado que somos un Estado fallido, un país muy vulnerable a los desastres naturales (que cada día serán más fieros e impredecibles), incapaz de responder ante situaciones de emergencia. Además, no existe infraestructura para albergar damnificados ni política pública de alojamientos. Los afectados se quedan literalmente en la calle, en la ruina, expuestos a los riesgos de la insalubridad y a merced de donaciones temporales –básicamente de la solidaridad exprés limeña- para poder alimentarse.

Boluarte lo ha declarado en Tumbes, el Estado no cuenta con recursos suficientes para atender la emergencia: ni dinero, ni maquinarias, ni motobombas. ¿Qué le pasó? Su obligación es buscar soluciones. Que pida ayuda internacional. ¿Qué aportan nuestros eficientes diplomáticos en el exterior? Que haga convenios con la empresa privada contra impuestos, una suerte de OxI excepcional.

Que no lo delegue, ella y Alberto Otárola deberían estar encima del tema 24x7, con celeridad, firmeza y decisión. Nuestro país no merece un presidente con este pobrísimo liderazgo, de lo contrario, que renuncie.

Comprendo a los muchos que quieren mantener a Boluarte hasta el 2026 para no generar mayor inestabilidad, pero todo tiene un límite. A la señora la separan años luz de un estadista pero que por lo menos justifique haber jurado el cargo, su sueldo y gollerías. Inaceptable actitud.

Desde el Meganiño de 1982-1983, la implementación de un drenaje pluvial para la ciudad de Piura se convirtió en un clamor ciudadano. Casi 40 años más tarde, con demasiados Niños Costeros, desastres climáticos y penosos gobiernos de por medio, no existe autoridad que haya podido implementar un sistema para salvar a la ciudad de las inundaciones. Tanta ineficiencia casi quita la respiración.

Hay muchisimas localidades en países vecinos, expuestas a lluvias torrenciales, que han implementado excelentes sistemas de tratamiento de precipitaciones pluviales. No es rocket science, es desidia y corrupción.

El gran problema con entidades como la ARCC es que se demoran meses de meses en organizarse y burocratizarse, en contratar a los amigos y conocidos, en convocar a cientos de consultorías inservibles que solo dilatan y complican la ejecución. Los Niños Costeros son recurrentes, pero para la ARCC su plazo era infinito. Hoy Tumbes, Piura y Lambayeque están destruidas por el agua, pero ninguna autoridad responde, ni rinde cuentas, ni recibe sanciones. Tranquilitos cobraron su sueldo y tranquilitos se fueron, lavándose las manos ante la desastrosa gestión. No hay un solo burócrata tras las rejas por los daños derivados de la ignorancia e incompetencia. Debería estar tipificado como delito aceptar un cargo para el que no se está preparado. Cada error nos cuesta muchísimo y nadie paga por ello.

¿Hasta cuándo? La resiliencia de nuestra ciudadanía es infinita pero no siempre positiva. Soportar estoicamente las consecuencias del castigo, nunca nos sacará del hoyo. Sin embargo, tampoco se puede ceder al chantaje. Inaceptable que las autoridades de Tumbes y Piura hayan siquiera amenazado con ir a una huelga, ante la negativa del gobierno de transferirles más recursos, cuando tienen una inmensa responsabilidad por lo ocurrido.

No solo ignoraron las advertencias de Senamhi y la Cenepred - porque la prevención no es rentable para los políticos- sino que pretenden lavarse las manos invocando el cambio de gestión. Ni un centavo para estas autoridades ineficientes y probablemente corruptas, que son capaces de lucrar con la miseria ajena.

La ANI tiene que asumir la total responsabilidad de las obras, tanto de prevención como de reconstrucción y, en adelante, responsabilizarse de cerrar la brecha de infraestructura. Confiamos que el gobierno tenga la suficiente inteligencia para darle autonomía y profesionalismo y no crear un nuevo y pesado ministerio sujeto a las veleidades políticas.

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