Sanción y reparación

No obstante haber sido considerado, por expertos, ministros de Estado, congresistas y ciudadanos en general, como el peor daño ecológico de los últimos tiempos contra las aguas marinas del litoral circundantes a Ventanilla, la empresa multinacional Repsol se resistió a aceptar ser la culpable del desastre de haber contaminado el mar con petróleo crudo, ocasionando enormes perjuicios no sólo contra las aves y la fauna marina, sino contra miles de pescadores que viven de la pesca artesanal en los lugares aledaños.

Aun cuando la empresa intentó ser más empática respecto a la frialdad mostrada en sus primeras apariciones para explicar lo sucedido, no dejó de llamar la atención de que insistiera en atribuir lo ocurrido a otras circunstancias y no al descuido propio que las investigaciones técnicas anunciadas por autoridades de gobierno habrán de precisar, seguramente, en su momento.

Sin embargo, no podemos dejar de señalar el rechazo unánime y categórico de líderes, voceros y representantes de las organizaciones públicas y privadas contra lo sucedido, exigiendo una investigación sumaria y el pago pertinente por los daños y perjuicios ocasionados. Sin perder de vista las consecuencias penales que pudieran darse.

La Marina de Guerra del Perú fue una de las primeras en lamentar, en comunicado público, los daños ocasionados por el derrame de seis mil barriles de petróleo en la refinería La Pampilla en Ventanilla. Anunció haber abierto un proceso sumario “para determinar las causas de este incidente y sus responsables, cumpliendo escrupulosamente con toda la normativa legal vigente sobre la materia”.

En Ventanilla, las playas afectadas son Bahía Blanca, Costa Azul y Cavero; en Santa Rosa son Playa Chica, Playa Grande 1, Playa Grande 2, Hondable y Los Corales y en Ancón las playas afectadas son Dieciocho Ancón, Hermosa, Las Conchitas, Miramar 1, Miramar 2, San Francisco Chico, San Francisco Grande, D´onofrio, Casino Náutico, Enanos, Esmar 1, Esmar 2 y Los Pocitos.

“Hay un grave daño a la biodiversidad, incluso puede incidir en la salud humana, y se ha ordenado que esta zona sea aislada para todo tipo de actividad”, explicó, a su vez, el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, luego de recorrer la zona afectada, acompañado de personal especializado del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). En tanto, la Defensoría del Pueblo puntualizaba que no solo había sido gravemente afectado el ecosistema marino “sino también los sectores pesquero y turístico que son las principales actividades generadoras de ingresos económicos en la zona”.

Horas más tarde, el presidente Pedro Castillo anunciaría que el Gobierno “dirigirá las acciones para mitigar los daños causados por el derrame de petróleo en las playas de Ventanilla, Santa Rosa y Ancón”, calificando el hecho “como el desastre ecológico más preocupante registrado en la costa peruana en los últimos tiempos”. Para ello, informó que se había constituido un comité de crisis que planteará acciones concretas a desarrollar.

Y en gesto de querer enfrentar el problema con responsabilidad, el mandatario firmó, en la playa Cavero en Ventanilla, el decreto supremo que declara de interés nacional la emergencia climática. Castillo señaló que nadie debe rehuir responsabilidades, especialmente la empresa “causante del desastre”. Verdad de Perogrullo que debe ir acompañado de una mayor exigencia por parte del Ejecutivo. No permitir que la empresa se escude en explicaciones infantiles para justificar su inoperancia al momento de afrontar la crisis. Exigir de inmediato que la empresa inicie un censo de todas las personas afectadas para ulteriores indemnizaciones. Contratar, por cuenta de la empresa, a compañías expertas en aplicar protocolos que busquen reparar al máximo los daños ocasionados; en fin, no quedarse en el discurso. El daño ambiental está hecho y veremos, en los próximos días o meses, cuán firme es el gobierno para defender los intereses del pueblo peruano.

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