Respeto a la mujer

La composición del nuevo gabinete de ministros, presentado y juramentado por el presidente Pedro Castillo provocó poco menos que un sismo de gran intensidad en el ambiente político, más aún al saber que el congresista Héctor Valer sería el nuevo presidente del Consejo de ministros. Él fue acusado por su pasado, según descubrió la prensa, como un personaje impulsivo, violento, impredecible, capaz de haber golpeado a su esposa (fallecida hace cuatro meses) y a su hija, según consta en un parte policial y que él niega en todos los tonos.

Como ya casi no llama la atención, el primer mandatario nos entregó un equipo de ministros, gran parte de ellos, con serios cuestionamientos éticos y profesionales, entre quienes destacan los acusados por actos de corrupción y de vínculos con el narcotráfico, según dieron cuenta los medios de información, inmediatamente después de conocerse el nuevo gabinete. El flamante presidente del Consejo de ministros, Héctor Valer acumula denuncias por violencia familiar, social y laboral. Además, investigaciones en Fiscalía por colusión, contaminación ambiental, robo, agresión física, y afrontó un juicio de desalojo por falta de pago, según dio cuenta un diario de circulación nacional.

Pero de lo más grave que se le acusa es de violencia contra la mujer, máxime si su nueva responsabilidad, por paradójico que pueda parecer, tendrá que ver con “adoptar las medidas necesarias, incluyendo las relacionadas con materia presupuestal para garantizar la adecuada implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género, aprobada mediante D.S. 008-2019-MIMP, según lo recomienda la Defensoría del Pueblo en un valioso documento de balance sobre la política pública contra la violencia hacia las mujeres en el Perú. Ahora, muchos se deben estar preguntando si será el más indicado en impulsar esta política con los antecedentes que trae su pesada mochila personal.

La violencia contra las mujeres –considera la Defensoría– constituye un problema público prioritario para el Estado peruano, como lo atestiguan las múltiples decisiones adoptadas para enfrentarla. El esfuerzo en este rubro se viene dando desde los 90, con la creación del ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano, intensificándose a partir del 2000 cuando empiezan a generarse mecanismos institucionales para crear e implementar las políticas contra la violencia hacia la mujer. Sin embargo, poco es lo conseguido ya que, en el país, no existe una norma que se denomine “Política Nacional contra la violencia hacia las Mujeres”, tal como lo advierte la Defensoría del Pueblo. En el Perú sólo existe un sistema funcional con subsistemas de justicia de protección a las mujeres, y de sanción a los agresores.

Esta clase de violencia constituye un problema público en el Perú sobre el que se han desarrollado diversos instrumentos de gestión multisectorial, con compromisos de implementación de acciones, cuyo liderazgo para impulsarla como una política pública integral deberá estar en los fueros de la PCM, organismo articulador de acciones de los ministerios pertinentes. En este escenario es que el compromiso del nuevo titular deberá ser ejemplar y meritorio. Sin embargo, sus fortalezas por exhibir en este campo, por sus antecedentes, dejaría mucho que desear.

Se requiere no sólo de políticas claras y coherentes, sino de acciones concretas de lucha frontal contra la violencia hacia las mujeres en el país. No sólo las estadísticas, sino las informaciones que a diario ponen en nuestras manos los medios de información nos reflejan una situación alarmante y preocupante en este campo. Nos basta con leer los titulares o primeras planas de los medios para entender que las víctimas siguen siendo las mujeres golpeadas, la mayoría de ellas, por sus propias parejas, llegando, en muchos casos, al feminicidio que es un delito execrable. Para enfrentar este problema, se requiere de autoridades convencidas de su compromiso en defensa de la mujer, la familia y la vida. ¿Entenderá sobre esta política el flamante presidente del Consejo de ministros?

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