¿Repudias al Congreso? Tú lo elegiste

Cada votación del Congreso es una oportunidad para llevarse un trozo del pastel. Ninguno da su voto a cambio de nada. Todo son negociaciones e intereses. Ello es moneda corriente y ocurre en todos los parlamentos del mundo, sin embargo, en el nuestro el agravante es que más de la mitad de sus miembros están siendo investigados por la Fiscalía, básicamente por todo tipo de jugosos delitos patrimoniales que incluyen lavado de activos, peculado, tráfico de influencias y, hasta violencia doméstica. En esa foto aparecen 67 legisladores, entre los que destaca Luis Picón de Podemos Perú con 136 delitos.

Entonces, ¿qué podemos esperar? No nos equivoquemos, no estamos ante una dictadura congresal, el parlamento fiscaliza y legisla conforme a sus atribuciones constitucionales, pero también de acuerdo con las calidades personales y profesionales de sus miembros. Hemos elegidos a demasiados prontuariados, que siguen delinquiendo desde su curul, con más poder y dinero. Por ejemplo, no es una sorpresa que Eduardo Salhuana (APP) único representante de Madre de Dios, vinculado a la minería ilegal y gran promotor de actividades contra el medio ambiente y áreas protegidas, haya propuesto, entre otras perlas, la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que abría la puerta al desarrollo de prácticas ilegales como el tráfico de tierras. ¿Con qué dinero habrá financiado su campaña? La respuesta podría ser evidente. Son indefendibles, pero están ahí porque recibieron el respaldo de millones de incautos electores que hoy no asumen responsabilidad por su voto. La misma historia de siempre.

Sin embargo, hay que separar la paja del trigo. Existen congresistas valiosos como Alejandro Muñante que ha hecho lo imposible por lograr la aprobación de la ley que impide la postulación de sentenciados a cargos de elección popular, o Adriana Tudela que ha tenido la valentía de proponer la privatización de Corpac y algunos otros pocos que intentan salvar el prestigio y credibilidad de este poder del Estado. A ellos, todo nuestro agradecimiento porque no debe ser fácil convivir en una cueva con Ali Baba y sus 40 ladrones.

Al margen de lo expresado, este inefable Congreso si ha logrado aprobar proyectos de ley muy importantes, a pesar del llanto de la progresía local e internacional: (i) precisar que el delito de lesa humanidad recién ha sido incorporado en nuestro sistema penal en el mes de julio del 2002, de acuerdo con el Protocolo de Roma, por lo que su aplicación retroactiva – y selectiva porque ha sido utilizado para una diabólica persecución contra las FFAA y Policiales que combatieron el terrorismo – es ilegal; (ii) reorganizar la desastrosa JNJ de Vizcarra y el MP, que muy a su pesar no es intocable (iii) la eliminación de los movimientos regionales sobre los cuales no existe mayor control, hay que privilegiar el fortalecimiento de los partidos políticos y, (iv) regular y sancionar a las ONG que reciben financiamiento del exterior.

Durante estos últimos años la APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional) ha estado pintada en la pared. Las ONG han hecho absolutamente lo que han querido. La UIF ha encontrado más de 200 reportes de operaciones sospechosas entre el 2018 y el 2020. Han movido US$ 3,000M y solo reportado US$ 400M. Son cifras astronómicas, que podrían haber sido destinadas a financiar actividades ilegales o activismo político.

Por ello, es inaceptable que la CIDH y 16 embajadas se sientan con derecho a exigir explicaciones al Estado peruano usando las típicas frasecitas empalagosas que caracterizan a los caviares: “…estos cambios podrían repercutir en la inclusión, equidad, estabilidad y prosperidad de la democracia en el país”.

Es una injerencia que no debe permitirse. Además, debe quedar claro que las ONG tienen que rendir cuenta de hasta el último centavo que reciben y, someterse a las leyes de la jurisdicción donde operan. Si no les gusta, que se vayan del país.

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