Reformas para evolucionar
Está claro para la inmensa mayoría de los peruanos que invocar el Poder Constituyente para justificar la convocatoria de una Asamblea Constituyente no tiene fundamento alguno; pues no estamos ad portas de derrotar una dictadura para evolucionar hacia la democracia, y para ello, sea necesario producir un nuevo pacto social y político que contextualice los graves cambios políticos dentro de los valores nacionales y los principios constitucionales. Por el contrario, la propuesta del partido de gobierno Perú Libre y sus aliados Perú Democrático, Somos Perú y Cambio Democrático, pretende la involución del régimen peruano hacia el populismo socialista, típico de esta época.
Su rechazo no nos impide reflexionar sobre la necesidad de reformar la Carta de 1993, ampliamente desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional durante sucesivos colegiados.
Es posible, por cierto, la participación ciudadana para propiciar las reformas necesarias. Basta el 0.3% de firmas para presentar iniciativas al Congreso, pero no es válido pretender procedimientos extra constitucionales, que permitan “flexibilizar” las reglas establecidas en el artículo 206 del texto constitucional, mediante la acción política de la turba o montonera callejera, fenómeno que sufrió nuestra incipiente República en el siglo XIX; resurgirlo, sería también un retroceso en nuestras prácticas democráticas. Si las reformas socialistas se van a impulsar por la violencia de muchedumbres organizadas y financiadas por intereses ocultos, con igual mérito podrían resucitar los pronunciamientos de los cuarteles. Evidentemente, hay etapas históricas que no deben ser revividas.
Es imprescindible que toda reforma constitucional comience por el fortalecimiento del sistema de partidos, fundamentales para la democracia representativa. Son ellos, sin dejar de esforzarse por representar las distintas y contradictorias tendencias existentes en la sociedad, los que deben converger en el común ideal de consolidar nuestra democracia constitucional. La Cámara de Diputados debe debatir todas las propuestas de reforma constitucional que surjan de los grupos parlamentarios o de la sociedad civil; para finalmente, aprobados o no, ser derivadas al Senado, que podrá ratificar las ya aprobadas, no siendo necesario esperar a una nueva legislatura; o revivir un proyecto rechazado por los Diputados, al ser considerado importante para la mejora de nuestro régimen político.
La Cámara de Diputados debe ser renovada cada dos años y medio, mientras que el Senado debe ser elegido por cinco años a mitad del mandato presidencial, para permitir que el electorado se exprese a mitad de cada quinquenio gubernamental; de esa manera, se evita que cada elección general se elija todo al mismo tiempo, rifándose el destino del país. Al final de cuentas, la democracia mejora con la estabilidad.
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