¿Qué sucede con los municipios y el Poder Judicial?

La evasión del cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal por parte de los gobiernos locales se manifiesta de diversas formas, uno de los aspectos más complicados es la delegación indebida de responsabilidades en los ciudadanos y/ o tutores. Ante la presencia de animales abandonados o en situación de riesgo, se ha puesto en un plano consuetudinario que sean los propios vecinos quienes asuman la carga de recogerlos y cuidarlos, sin mostrar un ápice de responsabilidad o ayuda por parte de las autoridades de administración de justicia. Esta situación no solo es nefasta sino que revela un incumplimiento consciente de las disposiciones legales y las obligaciones que les son propias. ¿Cómo debemos nosotros, la sociedad civil, entender esta falta de cumplimiento legal por quienes gestionan los haberes públicos, supuestamente conforme a las normativas y ordenanzas, basada en la falta de medios económicos? ¿Se imaginan que en uno de nuestros distritos nos quedemos sin servicio de recojo de basura, sin alumbrado público, sin agua potable o sin cementerio “porque no hay dinero”? La respuesta es ¡NO! ¿Por qué cuando hablamos de protección animal y la falta de presupuesto no es una justificación válida? ¿O es que hay leyes que podemos dejar de cumplir porque simplemente no son importantes para determinados sectores políticos? Esta transferencia indebida de responsabilidades de gobiernos locales a los ciudadanos frente al abandono o actos de crueldad animal sin el soporte o la intervención adecuada por parte de los gobiernos locales, es injusta, es abusiva y sobrepasa los límites de la responsabilidad civil, colocando en una sensibilidad que nos desorienta ante tamaña tarea que hay que hacer por el bienestar animal, incluso afecta la salud mental, generando situaciones de estrés e incertidumbre moral y ética, que no deben estar obligados a realizar los ciudadanos. La legislación peruana de Bienestar Animal es clara: los municipios tienen la obligación de recoger y atender a los animales abandonados, asegurando su bienestar hasta que puedan ser reubicados o retornados a un entorno seguro, así lo establece la Ley de Protección y Bienestar Animal. Corresponderá a las municipalidades el auxilio de animales abandonados y su alojamiento en un centro de protección animal. Para ello deberán contar con un servicio de urgencia para la inmediata atención veterinaria de estos animales, disponible veinticuatro por siete. Esta gestión podrá realizarse directamente por los servicios municipales competentes o por entidades privadas, pues el desvío de responsabilidades no solo pone en riesgo el bienestar de los animales, sino que también infringe los derechos de los ciudadanos a contar con servicios municipales que cumplan con sus obligaciones legales. Como sociedad, debemos educar a la gestión publica y privada para encontrar soluciones sostenibles que respeten tanto la ley como los derechos de los animales. Siempre habrá quien tenga una visión limitada y minimice la problemática, se oyen voces diciendo: qué importa si el perro está extraviado, pasa la noche en casa de un vecino o en el albergue municipal, lo que importa son los humanos , el tiempo y dinero. Ante esta visión reafirmamos que la educación continúa en el derecho Animal, que es la columna vertebral del inicio del cambio social.

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