¿Puede ser legítimo un golpe de Estado?

El fallecimiento de Alberto Fujimori ha reavivado una antigua polémica en torno a su aparición en TV a nivel nacional, el 5 de abril de 1992, para anunciar la disolución del Congreso bicameral. Recordemos que el contexto político le era bastante complicado; los presidentes Fernando Belaúnde y Alan García no habían desmontado el aparato estatal intervencionista que había dejado la dictadura militar, destacando un manejo irresponsable de las finanzas públicas, lo que había originado una gigantesca deuda externa y una hiperinflación que consumía, en pocos días, los sueldos y jornales de los peruanos de a pie, porque tan pronto recibían su dinero, este perdía su capacidad adquisitiva. A eso se agregaba la envalentonada actividad terrorista de Sendero Luminoso en procura de ahogar el flujo económico del interior hacia Lima, y el terrorismo provocado por el MRTA, destinado a extorsionar al gobierno para obtener espacios de poder, a la manera del ELN o de las FARC en Colombia. El defectuoso presidencialismo peruano había entregado el gobierno al exrector de la Universidad Agraria, sin otorgarle una mayoría parlamentaria. Entonces Fujimori se sintió atado de manos, pues no era verdaderamente un político con capacidad de negociar y lograr un consenso efectivo sobre un programa de acción gubernamental.
Para los fujimoristas, el autogolpe fue legítimo porque se justificó en la necesidad política y en las encuestas inmediatamente posteriores, que llegaron al 80% de aprobación ciudadana. Los pepecistas sostenemos que debió intentar una alianza estratégica con los partidos democráticos, aprovechando que las cámaras estaban presididas por dos políticos de gran capacidad y prestigio, como Roberto Ramírez del Villar y Felipe Osterling Parodi. Mal aconsejado, prefirió una salida inconstitucional. Como saben ya Vizcarra y Castillo, la momentánea seducción de la masa desinformada no convalida la ruptura del orden constitucional. Más aún, cuando existe la posibilidad de hacer política, esto es: dialogar, negociar, consensuar. La democracia es, precisamente, el sistema donde se trata de alcanzar los objetivos nacionales y partidarios, mediante el ejercicio de la política; a más política, mejor democracia.
Por lo expuesto, solo puede ser legítimo un golpe de Estado cuando su finalidad es rescatar el sistema democrático de un intento real y evidente de destruirlo, de suprimirlo definitivamente, manifestado en el uso inconstitucional de instrumentos propios de una ideología autocrática, con el propósito de imponer un régimen marxista o populista; debiendo convocarse, en la brevedad posible, a elecciones competitivas y transparentes. No podría ser justificado cuando su finalidad sea llegar o mantener el gobierno, o imponer un programa legislativo en contra de la mayoría parlamentaria.

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