Proporcionalidad y representación
Para mejorar la calidad de la democracia es imprescindible mejorar los actuales niveles de representación; de por sí, la modificación de reglas para la selección de dirigentes y candidatos de los partidos políticos y agrupaciones electorales, poco puede hacer si la ciudadanía no recupera confianza e identificación con quienes resulten elegidos en las elecciones parlamentarias. Está claro que cada grupo social, pequeño o grande, tiene sus propias necesidades e intereses, por lo que la votación termina distribuyéndose de forma real o ficticia entre quienes se erigen en defensores de esas perspectivas. Nadie consigue representar a la totalidad de los electores, pues en la sociedad hay una inmensa variedad de tendencias, contradictorias entre sí.
Es obvio que nuestra capacidad de representar de manera efectiva a los ciudadanos no está funcionando, en principio, porque la distribución de curules no guarda proporción con la población electoral. Así, en un universo de 24.8 millones de votantes potenciales, cada uno de los 130 congresistas debería representar un aproximado de 200 mil electores. Lima, con 8.2 millones de votantes, debería tener 41 congresistas; La Libertad con 1.4 millones y Piura con 1.36, 7 congresistas cada uno; Arequipa 6; Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Junín, 5 cada uno; Áncash, Callao, Puno, y Residentes en el Extranjero, 4 cada uno; Loreto, Ica, San Martín, Huánuco y Ayacucho 3 cada uno; Ucayali, Tacna, Tumbes, Madre de Dios, Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Moquegua, y Pasco, 2 cada uno.
Al interior de cada región mencionada deben establecerse distritos electorales pequeños, para que cada uno tenga su propio congresista, quedando dividido Junín, por ejemplo, en 5 distritos electorales. De esa manera, se cumpliría una condición básica de la democracia: los representados deben tener muy en claro quién los representa para hacerle llegar sus propuestas y denuncias. La regla constitucional, además, debería otorgar al congresista solo dos años de mandato, debiendo ser de cuatro el presidencial, para que el parlamentario siempre necesite estar en campaña de reelección, quedando así obligado a atender las necesidades de sus electores. El resultado sería el fortalecimiento de la posición del buen representante, pues sus electores y su propio partido no querrán perderlo, mientras que quien no logre mantener la identificación con sus votantes será presa fácil tanto para su retador dentro del partido como para el adversario del partido rival. Un correcto manejo de los incentivos a través de la Constitución y de la legislación electoral puede producir las nuevas actitudes que la política peruana requiere.
