Procuradores protegidos
Fueron los mismos procuradores públicos, en número de 22, quienes dieron la clarinada de alerta y defensa de la institucionalidad al denunciar la intención del ministro de Justicia, Aníbal Torres, de pretender la destitución del titular de la Procuraduría General del Estado, Daniel Soria, luego que el abogado del presidente Castillo dijera que el procurador no cumple con los requisitos para ejercer dicho cargo. Según señalaron, se venía configurando una clara injerencia política en torno a la anunciada evaluación del procurador general debido a que éste se había pronunciado que el mandatario sí podía ser investigado por algunas sospechas de corrupción en el breve tiempo que lleva en el cargo.
La Procuraduría General del Estado se veía manoseada y en riesgo frente al poder político, en virtud que dicho organismo está adscrito al ministerio de Justicia, aun tratándose de un organismo público especializado que goza de autonomía funcional, técnica y administrativa para ejercer sus funciones. Interesa recordar que un procurador está en el cargo para defender los intereses del Estado y de sus instituciones y no del poder político de turno. “No son abogados defensores de los funcionarios que dirigen temporalmente los organismos del Estado”, precisaron los procuradores en un comunicado. Parece ser que esta rápida reacción paralizó, de momento, las intenciones del gobierno de deshacerse de quien le resultó ser una piedra en el zapato.
Esta debilidad respecto del poder político hace necesario que la Procuraduría General de la República adquiera una nueva jerarquía que garantice, de manera real, su autonomía como la que propone el congresista Héctor Acuña Peralta y su bancada de Alianza para el Progreso, al presentar su propuesta legislativa para aprobar una ley de reforma constitucional que otorgue independencia a los procuradores del Estado y crea la Procuraduría General del Estado como organismo constitucional autónomo.
No debemos olvidar que la defensa jurídica del Estado se ejerce a través de los procuradores públicos, función que, muchas veces, se ve limitada por injerencia del poder político, puesto que su principal autoridad es designada por el presidente de la República, a propuesta del ministro de Justicia. Esto es lo que busca corregir la iniciativa del congresista Acuña, que propone la reforma constitucional de los artículos 39, 47 y 99 de la Constitución Política del Perú, y así el Procurador General del Estado deberá ser elegido por el Congreso con el voto a favor de los dos tercios del número legal de congresistas, para un período de cinco años. Y sólo corresponderá al congreso su remoción, por falta grave. De aprobarse la iniciativa, el titular de la procuraduría gozará de las mismas prerrogativas constitucionales que ahora gozan los jefes de otros organismos de igual rango.
“Conforme a lo expuesto, se entiende que la labor de los procuradores públicos no es la defensa de las autoridades o funcionarios que representan al Estado, sino los intereses de éste, los cuales están constituidos por sus objetivos vitales, esto es, el bienestar de la sociedad en concordancia con los principios y valores que la rigen”, dice el proyecto en su exposición de motivos. Esta iniciativa viene a sumarse a otras que se dieron en parlamentos pasados, como las de los excongresistas Yeny Vilcatoma, Javier Velásquez Quesquén, Ricardo Burga y otros. Ojalá que esta vez se llegue a buen puerto y permita que un organismo tan importante como es la Procuraduría General del Estado no sea presa fácil del manoseo político de los gobiernos de turno. Que no se repitan los casos de los exprocuradores Julia Príncipe, Katherine Ampuero y Amado Enco, que fueron cesados en sus cargos por haber exigido investigar a los mandatarios de turno.
Al cierre de este artículo, ocurre el fallecimiento de Luis Castañeda Lossio, mis condolencias a sus familiares. Nos conocimos desde nuestro añorado Chiclayo. Descansa en paz “paisano”.
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