Primer intento de vacancia
Habiéndose discutido mucho sobre la vacancia presidencial durante los mandatos de Kuczynski, Vizcarra y ahora Castillo, no es poco lo aprendido. La Constitución confiere al Presidente de la República una inmunidad especialísima y quizás excesiva, pues el artículo 117 solo permite que sea acusado por traición a la Patria, impedir las elecciones prestablecidas, disolver el Congreso (salvo lo previsto en el artículo 134) o impedir su funcionamiento.
Si se descubrieran sólidos indicios de homicidio, corrupción o terrorismo, se tendría que esperar a que concluya su periodo, con el riesgo que desaparezcan testigos y medios probatorios. Para esos casos, existe la causal de vacancia por incapacidad moral permanente, instrumento político-constitucional que puede ser usado en caso de evidente indignidad e inconducta.
La moción de vacancia en trámite es fruto de la fractura de nuestro régimen político. Son responsables quienes destruyeron el sistema de partidos con sus falsas y sucesivas reformas, ahora reprochan al Congreso el desastre institucional que ellos mismos propiciaron; son responsables también de la actual crisis, quienes permiten con su silencio la imposición del plan extremista que solo logró el 18% de los votos.
El solo hecho de querer conducir al país hacia el modelo socialista bolivariano, a pesar de la evidente miseria y arbitrariedad que genera, representa ya un grave problema moral pues atenta contra los valores esenciales que sustentan nuestra nación.
Además, los dos o tres graves escándalos de cada semana revelan una franca incapacidad para comprender los mínimos fundamentos éticos que guían la función pública; si al principio se sospechaba malicia política, ahora es evidente que solo se trata de la absoluta carencia de valores, no se conoce ni aprecia a la meritocracia, la honestidad ni el profesionalismo; como todo gobierno de ideología totalitaria, se elige funcionarios por su fidelidad canina; ello nos permite sospechar de una franca amoralidad.
Pero, de otro lado, expulsar a Vizcarra no significó el final de la crisis que comenzó en 2016, sino su agudización. Su vacancia, siendo constitucional fue también políticamente cuestionable por el exitoso culto a su imagen. Vacar ahora a Castillo podría agudizar los conflictos de nuestra compleja sociedad y polarizar, abriendo una nueva etapa de violencia en el interior del país.
Enorme es la responsabilidad que deberán asumir los congresistas pues, cualquiera sea su decisión, tendrá graves consecuencias para el futuro de nuestro país. En cualquier caso, debemos reconstruir el sistema de partidos, con organizaciones eficientes y realmente comprometidas con los valores democráticos, cubriendo los espacios de derecha e izquierda del espectro político.
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