Presidente Pedro Castillo y alcalde Casassa

Llama a reflexión el pedido público formulado en redes sociales por el matrimonio Alberto Ponce y Karina Reaño, familia modesta que está sola y olvidada en Surquillo frente a un conflicto generado por las políticas socialistas del régimen del general Velasco Alvarado, cuyas consecuencias perduran hasta hoy.

En sus tuits se puede leer: “mi familia es víctima de la injusticia de la reforma agraria”; “pido justicia para mi familia la propiedad privada se respeta escrita en registros públicos” (sic).

Incluso la ciudadana Karina se dirige al presidente Castillo: “Hace años una familia de campesinos vino a forjar un futuro a base de esfuerzo y dedicación, compraron tierras, pero en la época de Velasco Alvarado este gobierno de facto le expropió su predio, pero aun así siguieron luchando para no perder su esfuerzo, murieron y ahora es heredera incluso con el bien inscrito en registros públicos, pero no puede ingresar a su propiedad, se le arrebato su techo y tiene que vivir en casa alquilada. No es justo que en Surquillo no se le reconozca su derecho de propiedad. Usted no solo es presidente también es padre y sabe lo que se sufre, cuanto más mi familia tenemos que esperar y ver tanta injusticia” (sic).

Frente al pedido de la señora Karina y de su esposo, el alcalde de Surquillo, Giancarlo Casassa, señaló el pasado 22 de mayo que no era “velasquista” y que “era viable una mesa de diálogo” porque no se le puede negar el derecho de sucesión con predio inscrito en Registros Públicos en la zona de “Casas Huertas”. Pero también sostuvo que sacar a residentes que han construido tres o cuatro pisos y viven más de 30 años en una propiedad que no es suya resulta muy difícil, siendo lo mejor que conversen entre vecinos.

Precisamente aquí está el reto para la autoridad, sea nacional, municipal o judicial, desafío que no es otro que desactivar conflictos sociales porque este es uno de ellos y se debe empezar por concretar la promesa de la “mesa de diálogo” en “Casas Huertas” (Surquillo). Al respecto, la autoridad edil señaló hace más de seis meses que “el municipio puede cooperar para que los conflictos sociales se solucionen, siendo viable una mesa de diálogo entre los residentes involucrados”, pero esa medida todavía está pendiente de cumplimiento.

@RafaelRomeroVas

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