Por una segunda ola agroexportadora

La nueva Ley Agraria, cuya promulgación está aún pendiente, representa un paso decisivo en el objetivo de dinamizar el agro peruano y encaminarlo hacia una segunda gran ola de crecimiento. Fortalecerá las cadenas productivas, impulsará la diversificación y consolidará al Perú como un proveedor confiable en los mercados globales, con una oferta cada vez más sofisticada y de alto valor agregado.
Con reglas claras y estables hasta el 2035, los integrantes de las diversas cadenas productivas podrán seguir transformando el campo peruano, incrementando las agroexportaciones y aportando más al fisco. Es un sector que avanza paso a paso, generando empleo descentralizado y bienestar a miles de familias a lo largo del país.
Esta iniciativa debe complementarse con importantes obras de infraestructura ya anunciadas por el Gobierno, como la III etapa de Chavimochic en La Libertad —que incorporará cerca de 30 mil hectáreas— y la II fase de Majes Siguas en Arequipa, que sumará otras 38 mil 500 hectáreas.
Estas obras y el tener un marco legal estable en el tiempo, coadyuvarán a ampliar la frontera agrícola, abrirán la puerta a cultivos de mayor valor y calidad en zonas antes improductivas. El impacto no será solo productivo, sino también social, al crear oportunidades para pequeños y medianos productores que podrán integrarse a cadenas de exportación más sólidas.
La experiencia de la Ley 27360, derogada en el 2020, es clara: permitió que las agroexportaciones pasen de US$ 643 millones en el 2000 a más de US$ 12 mil 420 millones en el 2024, aunque su efecto se fue diluyendo en los últimos años. El reto ahora es capitalizar la nueva norma y sostener un crecimiento vigoroso, sostenido y mejor distribuido territorialmente.
El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, proyecta que las agroexportaciones podrían alcanzar los US$ 40 mil millones hacia el 2040, una meta ambiciosa, pero alcanzable si se avanza en infraestructura, innovación, apertura sanitaria y fortalecimiento de la asociatividad. Más allá de las cifras, el valor de este nuevo marco legal radica en su capacidad de descentralizar la economía y potenciar la agricultura familiar, que es la columna vertebral de la seguridad alimentaria del país.
También será indispensable acompañar la nueva Ley Agraria de políticas complementarias: financiamiento accesible, asistencia técnica, promoción de la investigación y una agresiva estrategia comercial internacional. No basta con producir más, hay que producir mejor, con estándares de calidad y sostenibilidad que respondan a las exigencias de los consumidores globales.
En síntesis, la nueva Ley Agraria no es solo una herramienta normativa: es una hoja de ruta que ayudará a transformar el agro peruano en un sector moderno, competitivo e inclusivo. Si se implementa con eficiencia, transparencia y continuidad, puede convertirse en el puente que conecte al pequeño agricultor con el consumidor global, mejorando ingresos y calidad de vida.
El desafío es claro: sembrar hoy las condiciones para que, en la próxima década, el Perú no solo exporte más, sino mejor, con productos que lleven en cada etiqueta la calidad, sostenibilidad y orgullo de nuestra tierra. El futuro del agro no se construye con intenciones, sino con hechos, y esta ley puede ser la semilla que nos lleve a una cosecha histórica.
*Presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX)

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