Poder Judicial, Minedu y “Colegio 10 de Octubre”
Según resolución definitiva del Poder Judicial (PJ), la Sociedad Central de Beneficencia China Ton Huy Chong Koc (SCBCH), recuperará su emblemático inmueble ubicado en la Av. Mariano Cornejo N° 1090, en Breña, el mismo que hace años lo alquiló a la Asociación CEP Peruano Chino Diez de Octubre, entidad que perdió judicialmente dada su condición de ocupante precario desde el 2014.
La consecuencia lógica de la decisión del PJ es que la promotora del Colegio Peruano Chino Diez de Octubre no podrá matricular alumnos ni impartir clases porque debe desalojar el inmueble en atención de un proceso concluido que tiene calidad de cosa juzgada; conllevando esto a que, en cumplimiento de un fallo en sede casatoria, el Segundo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, oficie al 21° JCL, con el objetivo de que ejecute la sentencia y concrete el desalojo.
Ahora bien, como en todo tema ventilado ante el PJ, las partes deben respetar el cumplimiento de una sentencia, de la seguridad jurídica, de los contratos (que es ley entre las partes) y practicar valores, mucho más cuando de por medio hay una entidad educativa, debiendo respetarse a los alumnos y padres de familia, a los que hay que darles muestras pragmáticas de probidad y honradez, como el respeto de la palabra empeñada entre propietario e inquilino.
Bajo esa premisa, sería edificante que la parte perdedora desaloje el inmueble para no poner en zozobra a la comunidad educativa, asunto en el cual el Ministerio de Educación (Minedu) y la Dirección Regional de Educación de Lima (DREL), deberán contribuir a hacer cumplir el mandato judicial e incluso evaluar la revocatoria de la autorización y licencias con las que contaba la Promotora de la Asociación CEP Peruano Chino Diez de Octubre, al margen de cualquier proceso sancionador que sea menester.
Por el lado de la SCBCH, ganadora en buena lid en este juicio, hay noticias de que pondrá una nueva “Promotoría” que se enfocará en el “nuevo Colegio Chino” y de esa manera continuará con el servicio educativo, comprometiendo inversiones para la innovación pedagógica, respetando también los derechos laborales del personal existente.
Por último, en ese conflicto, al cual el PJ zanjó, se debe confiar en el buen sentido de las partes a fin de respetar el Estado de derecho, evitando el perdedor cualquier medida dilatoria. Sin embargo en todo esto tiene mucho que ver el papel de las autoridades judiciales y del Ejecutivo, empezando por la ministra Flor Pablo y el ministro Carlos Morán, para que se ejecute pacíficamente una sentencia de desalojo.
