Petroperú: ¿cumple los contratos?
La política de gastos en Petroperú no tiene lógica, tampoco sustento técnico y en varios casos sus egresos generan cuestionamientos. Ahora se evidencia la forma abusiva de cómo la petrolera estatal incumple sus contratos. Un antecedente inmediato lo tenemos cuando José Briceño dio a conocer a fines del 2020 la danza de millones que Petroperú gastó en el superfluo cambio de su logotipo (en plena pandemia), resultando un emblema carente de significado y que aún no termina de pintarse en su cadena de grifos.
Hoy se da a saber cómo desde Petroperú se estaría causando un grave e irreparable daño a los empresarios peruanos, pues en los contratos que suscribe la petrolera y los proveedores locales descubrimos la imposición de una cláusula totalmente arbitraria, como el Artículo 76, numeral IV) de su Reglamento de Contrataciones donde se establece que: “La petrolera puede resolver los contratos sin expresión de causa”. Es decir, lo puede hacer cuando le plazca y sin fundamento técnico, pues la norma indica que “solo se reconocerá al contratista por lo realmente ejecutado”.
Sin embargo, en ese dispositivo nunca se aclara qué es “lo realmente ejecutado” y tampoco se establece conceptualmente cuál es su finalidad. Esa condición abusiva pretende mantener totalmente sometido al contratista nacional. Preguntamos, y todo esto, ¿a fin de qué? La cuestión deberá ser transparentada por Petroperú, pues ese status se contrapone a los principios elementales de la normatividad nacional e internacional que enmarca los contratos sobre la base de un trato justo, de un derecho igualitario entre las partes, con transparencia y condiciones de equilibrio. Esto con la finalidad de garantizar las operaciones de la empresa.
A propósito de esos contratos, Petroperú desde el 12 de mayo tenía pleno conocimiento que el 1 de julio entrará en vigencia el cambio de las gasolinas y gasoholes. Sin embargo, no efectuó ninguna previsión al respecto. Muy por el contrario, negligentemente contrató prestaciones hasta el 2023, lo que demuestra una gran irresponsabilidad de su parte.
Finalmente, las entidades del rubro de hidrocarburos y la ciudadanía manifiestan su rechazo a la aplicación de la norma emitida por el gobierno nacional, sobre la variación a solo dos tipos de gasolina a venderse al público, pues en la coyuntura mundial del alza de combustibles, esa medida conllevará al perjuicio económico en todo el Perú, es decir ese sobrecosto se cargará una vez más al bolsillo de los consumidores.
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