Pésimas señales, ¿hasta cuándo?

La minería nos ha dado de comer durante años y literalmente le ha cambiado la vida a muchísimos peruanos. Ejemplos sobran, pero el distrito de San Marcos (Áncash) es emblemático. Hay un antes y después de Antamina. Hasta 1994, fecha de la exitosa privatización adjudicada a dos empresas canadienses, vivían totalmente aislados de la civilización en un régimen de subsistencia muy primario. Hoy, además del abundante canon minero que apenas ejecutan (entre el 2019 y el 2021 dejaron de invertir S/ 829M) está la activa participación de la empresa y sus compromisos de responsabilidad social que han optimizado sustancialmente la educación y la salud. Han capacitado a 575 tejedoras que exportan sus prendas hechas a mano a exigentes mercados del exterior; a través de un convenio suscrito con el Ministerio de Vivienda, bajo la modalidad de OxI, se está construyendo un proyecto de ampliación de agua potable y alcantarillado que favorecerá a 3,000 pobladores y, en general, toda una historia de apoyo en los más de 25 años de convivencia. Este modelo se replica en la mayoría de las comunidades aledañas a las operaciones mineras que adhieren estándares internacionales.
La inversión del canon por parte de las autoridades subnacionales es un problema recurrente por la falta de calidades personales y profesionales. Son ignorantes, poco preparados y muy corruptos. Hay que modificar el régimen y permitir que las empresas que lo generan se hagan responsables de gran parte de la ejecución. En ese sentido, la propuesta fujimorista de distribuir el 40% del canon directamente a los pobladores (campaña presidencial 2021) fue irresponsable y populista como en su momento lo fue el canon comunal. Muchas dudas quedaron por resolver: ¿Cómo se determina a la población beneficiaria? Los ingresos del canon son variables y dependen de muchos factores exógenos. Entonces, ¿cómo manejar la frustración de los receptores al recibir aportes diminutos en años de precios bajos de los minerales? Se hubieran generado expectativas muy altas y a la larga hubiera sido un nuevo foco de conflictividad. Además, se desnaturalizaría todo el sentido del canon cuyo objetivo es contribuir a cerrar brechas mediante inversión pública.
La postergación de Yanacocha Sulfuros por parte de Newmont (en mi opinión sine die) ha sido una pésima noticia para Cajamarca y el país. Luego de la culminación de Quellaveco, era una importante inyección de capitales. Arguyen razones exógenas pero el mayor disuasivo es la inestabilidad política y el aumento de los conflictos sociales con cero manejo por parte del Gobierno.
La industria no es indiferente a la agonía de Las Bambas. A la fecha ha cerrado 84 acuerdos con diferentes comunidades, pero aún no con la abusiva Huancuire. Esta última no solo pretende revisar el precio de las 1,900 hectáreas transferidas en el 2013, bonificadas en el 2017, sino que exigen participación en las utilidades. La empresa no puede ceder, pues crearía un nefasto precedente para toda la industria.
Además, están los riesgos regulatorios, la abundante permisología, la consulta previa para proyectos de exploración y un sinnúmero de requisitos, la mayoría absurdos, que golpean a la minería. Guste o no, esta industria es el gran motor del crecimiento.
En este escenario, es indispensable extender la devolución anticipada del IGV a la exploración minera. Como sostienen sus detractores, un alto número de proyectos fracasa (93%) pero nos atrevemos a replicarles que el 7% exitoso podría generar empleo y compensar los impuestos con creces. En junio pasado, Óscar Graham lo anunció a la comunidad minera internacional (PDAC Canadá) y actualmente está considerada en el plan Impulso Perú. El Congreso tiene la obligación de respaldarla, no hay excusas que valgan.