Parque Zeus y Alcaldía de Ate
Cuando las puertas de la administración pública se cierran para encubrir sus caprichos, se abren las puertas de la prensa y se encienden los reflectores buscando respuestas a decisiones arbitrarias y a consabidas adjudicaciones que, generalmente, ningún beneficio trae a los administrados, salvo una perspectiva destinada a saquearlos con más impuestos y con el aumento del coste de sus tributos.
Hay excepciones, lamentablemente pocas, donde la gestión pública y la integridad de los funcionarios destacan, sirviendo ejemplarmente al ciudadano y vecino. Pero la moneda corriente es la de vivir bajo la dictadura de la burocracia estatal, que no escucha, que no atiende, que no es democrática y sólo vive para depredar los recursos del fisco. Es más, ahora bajo el pretexto de la pandemia y el teletrabajo, a diario se palpa y se vive -crudamente- la ineficiencia y la nocturnidad.
“El vivo vive del zonzo y el zonzo de su trabajo”, reza el dicho popular, y a eso se ha llegado en el Perú, a ver cómo verdaderos truhanes se empecinan en ocupar cargos públicos, desde la presidencia de la República hasta la inmensa mayoría de puestos estatales donde prima el amiguismo, el tarjetazo y la coima. Ese apetito caviar, por no decir otra cosa, para vivir de la mamadera del Estado, se ha extendido entre grandes y chicos.
Es en este contexto en el cual los vecinos del distrito de Ate, especialmente algunos cuantos miles de ciudadanos que viven alrededor del emblemático Parque Zeus (18,000 m2), de la Urbanización Olimpo, reclaman ser escuchados frente a obras que no cuentan con una real y efectiva participación vecinal, ni mucho menos. Se oponen al maltrato a uno de los pocos pulmones de Lima Este pues con la llegada de más cemento en manos de una EIRL, por casi tres millones de soles, se viene atentando contra una extensa área verde, donde incluso descansan aves migratorias.
Los residentes de esa zona de la capital reclaman que, sobre esa remodelación -no prioritaria y ejecutada por la comuna de Ate-, haya una profunda supervisión fiscalizadora por parte de la Contraloría de la República, del Ministerio del Ambiente, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Defensoría del Pueblo, siendo las razones y argumentos que esgrimen sólidos y atendibles. ¿Quién le pone el cascabel al gato?
