Paros y demandas
Este segundo paro de transportistas, en menos de un mes, en rechazo a las extorsiones y amenazas de una delincuencia organizada que ya desborda todo control policial, fue contundente, tanto que, esta vez, se sumaron los comerciantes de mercados, los miembros de la asociación de bodegueros, las organizaciones de mujeres de los sectores populares de los distritos más populosos de Lima. Contra lo que sostenían los voceros del gobierno, pudimos ver, a través de la televisión que lo transmitió en directo, calles y avenidas vacías y masas de trabajadores y pobladores desplazándose en ellas para exigir al Gobierno y al Congreso de la República cumplir, en sus niveles de competencia, con brindar a la ciudadanía seguridad y combate sin tregua a la delincuencia.
En esta oportunidad, sin embargo, los promotores de la paralización sumaron otros puntos de demanda que más tenían que ver con el Parlamento, como es derogar algunas normas aprobadas en dicho poder del Estado, que, lejos de combatir eficazmente a la delincuencia, incluidos los extorsionadores, tienden a protegerlos, según señalaron los líderes de estas marchas colectivas.
Es indudable que el pueblo organizado está reclamando que el Ejecutivo cambie de estrategia en su lucha contra la delincuencia, la cual, a pesar del estado de emergencia, no ha bajado sus niveles de ferocidad. Ante ello, se tienen que tomar las medidas más adecuadas que erradiquen esta lacra que viene azotando al país. Insistimos en que debe hacerse un buen trabajo de inteligencia, que corte el circuito de jefes de bandas-dinero-armamento. Somos testigos de cómo, a través de las redes sociales, los malandrines se lucen con armas, en algunos casos, de fuerte calibre. La gran pregunta es: ¿quién o quiénes proveen tales armamentos? La respuesta debe ser dada por las autoridades policiales luego de un eficaz tratamiento del tema, buscando, además, a los capitalistas de la industria del terror, que nutren de dinero para que se compren, en el mercado negro, las armas que luego, en manos de los sicarios, provocan los asesinatos que vemos a diario.
Teniendo una economía más o menos estable, no es posible que los emprendedores que inician sus actividades se encuentren con un extorsionador en cada esquina de la calle exigiéndoles cupos para su “protección”. Esto debe acabar; de lo contrario, la justicia por mano propia será moneda corriente, momento en el cual dejaremos de ser un país civilizado para convertirnos en una república donde impere la ley del más fuerte.
En estos dos días de paralización, nuestra economía se ha visto gravemente perjudicada. Los comerciantes de Gamarra anuncian pérdidas altísimas, hablan de millones de soles. Por temor, el Ministerio de Educación ha dispuesto que las clases sean virtuales. La jornada laboral diaria se ha retrasado, el ingreso ha tenido como tolerancia 4 horas. Los centros de salud han tenido que reprogramar las citas; en fin, un caos que el Ejecutivo no puede dejar que se le escape de las manos.
Por otro lado, el jefe del Gabinete refirió que organizaciones como la Confederación Unitaria de Lucha —una organización vinculada al MOVADEF— y otras que no están ligadas a la lucha de los transportistas “han llamado a un paro nacional en las redes sociales”, mezclando razones políticas con los justos reclamos de los transportistas. Ya por la noche explicó, en una especie de balance oficial del paro ante la prensa, que había sido pacífico, salvo unos pequeños conatos de violencia cerca del Congreso, destacando las medidas de previsión adoptadas por los colegios públicos y privados.
Es de esperar que el buen tino de las autoridades encuentre la solución a tan álgido problema; de lo contrario, nos veremos inmersos cada día más en una convivencia con la delincuencia que no debemos permitir.
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