Paraíso presupuestal, pero a las puertas del infierno

Los congresistas creen que su populismo, - nauseabundo – los mantendrá bajo los reflectores y allanará su camino al futuro Parlamento, una amplia mayoría tiene aspiraciones de llegar nuevamente. Demasiado cálculo político para un electorado que no tiene memoria. Afortunadamente, no hay sitio para todos. Sería una pesadilla ver sus caritas repetidas, multiplicadas por cinco años más. Algunos pesimistas dirán que “más vale malo conocido”, y que, al menos, ya sabemos de sus carencias y debilidades. Sin embargo, el verdadero peligro no está en los rostros conocidos, sino en los nuevos que llegarán financiados por la minería ilegal. En el Perú las campañas no las gana la convicción ni el mérito, siempre vence el dinero.
Las actividades ilegales avanzan donde el Estado no llega y lo hacen con una pantalla imbatible: asociaciones de fachada que reparten donaciones bajo el disfraz de ayuda social. Es dinero turbio que la ONPE no tiene capacidad de fiscalizar. Sabemos que cualquier regalo o promesa generosa sirve para fidelizar a un electorado que sencillamente, no tiene nada que perder.
El mayor riesgo para unas elecciones transparentes no está en las urnas, sino en la forma en la que se financian las campañas. Es fácil burlar los controles cuando el dinero circula en efectivo, sin trazabilidad ni supervisión institucional. Si nos preocupa un posible fraude el día de la votación, más debería alarmarnos el dinero ilícito que comprará los votos. No sé si existan candidatos que jueguen limpio, pero estarán en una notoria desventaja.
Desafortunadamente, el tema se toca con demasiada timidez porque deja al descubierto todas las debilidades del sistema. Y si ese sistema es un reflejo de lo que somos, entonces tendríamos que admitir una verdad incómoda: vivimos en una sociedad profundamente corrupta, cuyos valores rinden pleitesía al dinero.
En esta fiesta de costoso populismo, todos parecen mareados. La Comisión de Trabajo ha aprobado un predictamen que busca impedir que los trabajadores del sector público pierdan sus puestos cuando una entidad pública es fusionada, reorganizada o incluso cerrada. Se trataría de una suprainamovilidad laboral que, en realidad, ya existía. La trampita está en que ahora quieren incluir a los CAS, un régimen creado precisamente para ofrecer empleo temporal y flexible. Sería una absoluta locura. Sabemos que hay abusos en el uso de los CAS pero ello no justifica regalarles el puesto de por vida.
Hay muchísimos países donde trabajar en el Estado es como sacarse la lotería, y el Perú es uno de ellos. Existe un inaceptable blindaje burocrático que impide reducir estructuras ineficientes o duplicadas. En cambio, países como España exigen años de estudio y preparación para superar oposiciones de altísimo nivel; sin embargo, una vez dentro, tienen allanado el camino al cielo.
La Ley Servir se creó con absoluta buena fe, teniendo a la meritocracia y al fortalecimiento del personal de las entidades públicas como columna vertebral. ¿Dónde está la elite administrativa que prometieron hace más de 10 años? ¿Dónde está el Estado moderno y ordenado que prometieron crear? Hoy solo existe la dedocracia de la presidenta y sus allegados y, una jugosa planilla que ha aumentado más de un 30% desde el 2021.
Lo que si merece aplauso es el intento de la Comisión de Constitución de regular el trasfuguismo y ponerle límites. El dictamen establece que los senadores y diputados que renuncien por razones de conciencia o sean separados de sus bancadas, solo podrán integrarse al grupo mixto o cambiarse de bancada por una única vez durante su mandato. No se puede seguir permitiendo que los congresistas salten de bancada en bancada buscando mayor poder, presidencia de comisiones o favores políticos.
Este congreso es un ejemplo de caos institucional: más de cincuenta parlamentarios cambiaron de bancada; el transfuguismo dejó de ser la excepción para convertirse en rutina. No se puede seguir permitiendo este desmadre.

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