Para salvar nuestra democracia
Nuestra República tiene dos hitos extraordinarios en los que la clase política e intelectual intentó comprender la realidad del país y decidió debatir seriamente los temas de fondo, cada quien desde su perspectiva ideológica y doctrinaria: el Congreso General Constituyente de 1827, escenario de las magníficas personalidades conservadoras y liberales que concibieron la Constitución promulgada en abril del año siguiente, la primera del actual régimen político peruano; y de otro lado, la Asamblea Constituyente de 1978, escenario de la fructífera discusión entre los tres grandes bloques que representaban diferentes visiones de nuestra nación, el Apra, el PPC y la izquierda marxista.
Todo lo demás ha sido reactivo, ya sea buscando estabilidad en favor del personaje en el poder o intentando consolidar la imposición de la mayoría política ocasional. La actual Constitución, fruto de la exigencia de la comunidad internacional, tuvo el mérito de resetear la Carta anterior aprovechando las actualizaciones producidas por la derrota mundial del comunismo tradicional; ratificada en un referéndum, su visión de la economía social de mercado nos ha permitido estabilidad y crecimiento, a pesar de la progresiva decadencia y posterior desaparición de la clase política.
Cuando parece que hemos tocado fondo, con tres expresidentes encarcelados, innumerables denuncias de corrupción, notorios ejemplos de piratería en todos los espacios del Estado, ausencia de valores y de vocación de servicio público, debemos ratificar nuestro sincero compromiso con los principios democráticos y constitucionales. ¿Qué significado tiene esa frase, tan trillada y vacía en la boca de tantos académicos alquimistas y políticos populistas? Lo primero, salvar la democracia perfectible que hemos heredado de la generación anterior y que debemos demostrar merecer, pues está siendo atacada por la nueva apariencia del viejo comunismo, el chavismo bolivariano que financia la subversión, disfrazada de protesta, con dinero del narcotráfico, de la minería ilegal y de la corrupción regional; al tiempo que pretende aislar al Estado peruano al deslegitimar a su gobierno constitucional.
En segundo lugar, reconstruir las plataformas que deben garantizar la participación ciudadana en las grandes decisiones que les afectan: los partidos políticos permanentes, programáticos y responsables; posibilitando su libre competencia con una autoridad electoral imparcial y confiable. Es suicida seguir insistiendo en imponer una visión exclusiva y excluyente de sociedad, debemos reconocer, como en 1978, la legítima existencia de otras formas de comprender la realidad para debatir con ellas y encontrar acuerdos fundamentales que garanticen un régimen estable para los próximos 30 años; sin esa base, no será posible volver a la senda del crecimiento económico, requisito básico para hablar de redistribución, derechos sociales y desarrollo integral.
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