Nos estamos sacando los ojos
¿Qué nos une a los peruanos? ¿Qué nos enorgullece? ¿Machu Picchu? ¿El Imperio Incaico y algunas de sus falacias como el Ama Sua, Ama Quella y Ama Llulla – principios aprobados por las Naciones Unidas para una gestión eficiente que paradójicamente han sido absolutamente olvidados por los peruanos del siglo XX y XXI? ¿Nuestra trémula historia republicana? ¿La Selección Peruana? ¿La comida? ¿Quizás alguna frivolidad innombrable? No tengo una respuesta. Hay odios tan encarnizados en el Perú, tan destructivos, que sólo me atrevo a pensar que somos un pueblo castigado, obligado a vivir en un área geográfica complicada, donde se han diluido o desaparecido los elementos identitarios a los que aspira toda nación. Bien dicen que el peor enemigo de un peruano es otro peruano.
Esta convivencia difícil donde incluso hay movimientos separatistas incomprensibles como el de Puno que insiste en anexarse a una Bolivia en ruinas, tiene como primera autoridad a una mujer que estoy segura aún no se explica bien cómo llegó a la presidencia pero llegó y le quedan más de tres largos años por delante. Tiene que cambiar de chip. No es ni temporal ni transitoria, al contrario, cuenta con el apoyo de todos aquellos demócratas que queremos estabilidad y creemos en la sucesión constitucional. Sin embargo, parece no haber comprendido que la investidura presidencial no es un cargo a la medida, sino que acarrea muchísimas obligaciones y responsabilidades. Lavarse las manos por las muertes ocurridas durante la protesta para intentar resguardar su imagen política no le servirá de nada.
En aras de la gobernabilidad y venciendo el miedo que hoy es su espada de Damocles, pues la podría llevar a cometer errores fatales, tiene que enmendar rumbo. Debió rechazar con mucha firmeza el informe de la CIDH, aunque no tenga carácter vinculante. Contiene muchas falacias que deben aclararse. Concluir que la economía del país está basada en un modelo esencialmente extractivista es inadmisible, toda vez que la evidencia demuestra que solo contribuyen al 15% del PBI. Sostener que las regalías y canon pagados por estas empresas no han contribuido al desarrollo de las regiones donde operan es otra gran falsedad. Solo basta ver la reducción de la pobreza en Apurímac o Moquegua. Esta información engañosa tiene que ser desmentida con contundencia; el informe pasará por demasiadas manos y ojos para no darle importancia.
Falso que la fuente de conflictividad social generada por la industria extractiva se origine en los supuestos “beneficios tributarios” que recibe. Los Contratos de Estabilidad Tributaria están al alcance de muchísimos sectores –siempre que se cumplan con las condiciones que exige la ley– y pueden constituir un arma de doble filo, por cuanto si la presión fiscal se reduce, la empresa tiene que renunciar al convenio para acceder al nuevo esquema, perdiendo la estabilidad. Muchas optan por mantener el régimen garantizado, porque las protege del manoseo político y el riesgo de una carga agobiante, permitiéndoles manejar con mayor eficiencia su estructura de costos y rentabilidad.
Erradamente se piensa que la recuperación anticipada del IGV es un beneficio tributario para la industria extractiva, cuando es un régimen especial que beneficia a cualquier actividad económica que tenga una etapa pre-productiva igual o mayor a dos años y un compromiso de inversión mínimo de US$ 5M. Naturalmente la industria extractiva formal cumple con estos supuestos, especialmente en la etapa de exploración, pero dista mucho de ser una norma con nombre propio. Pedro Francke no lo entendía, quizás Dina tampoco pero no es tarde para informarse.
La ignorancia es una de las mayores fuentes de odio. No dejemos que los comunistas y caviares la usen, muchas veces en complicidad con el Congreso, para destruir lo poco que todavía funciona bien en el Perú.
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