No tienen DERECHO a destruir el país

Estamos en absoluto estado de indefensión, no podemos hacer valer un solo derecho porque el imperio de la calle, de la masa, de la violencia, prevalece sobre la ley y la autoridad.

Ese pueblo, al que Castillo siempre se dirige y en cuyo nombre toma las más disparatadas decisiones, está soliviantado, irritado y profundamente engañado por un gobierno que no les tiene ningún respeto, son los tontos útiles de la ecuación.

Apumayo fue vandalizada hace pocos días por comuneros descontrolados liderados por Margot Palacios, ideologizada congresista de PL, defensora de la salvaje dictadura de Maduro.

Un pequeño ejemplo de que nuestras instituciones están plagadas de traidores y enemigos. Ante estos execrables hechos, resulta inaceptable que la Defensoría del Pueblo no haya puesto una sola línea en resguardo de la propiedad privada o contra la violencia como mecanismo de solución de conflictos.

Solo miran a la PNP con dedo acusador. Igualmente inadmisible que la PM, que se supone está obligada a defender los intereses de todos los peruanos, tenga una postura absolutamente parcializada a favor de las protestas mineras. No se le puede dar la confianza a una reconocida activista de izquierda, quien desde Grufides tuvo un rol protagónico en la caída de Conga.

Se tiene que ir. Desde su cómoda tribuna, Cerrón ha amenazado que la ola antiminera continuará si no se atienden los pedidos de las comunidades. Me pregunto si alguna vez estos conspicuos personajes habrán visitado las zonas aledañas a las agredidas unidades mineras, previo a la privatización, para poder comparar el antes y después de la actividad privada y formal.

Estoy segura de que no. Centromín ha trabajado en Junín y Cerrón sabe perfectamente las toneladas de relaves desatendidos y lagunas contaminadas que dejó la operación estatal, además de convertirla en una empresa deficitaria y presumiblemente corrupta. Su saldo fue de: 8,794 pasivos mineros de los cuales 5,157 fueron considerados de riesgo alto y muy alto pero no dice una palabra. Al Estado no se le toca.

Hoy la culpable es la gran minería, aquella que recicla el 99% del agua y que cumple puntualmente su instrumento ambiental y sus obligaciones de responsabilidad social. Piensan que como han hecho inversiones millonarias se van a dejar chantajear hasta el extremo, con tal de no perder su patrimonio.

Pues se equivocan. Es clarísimo que las tres propietarias de Antamina: BHP Billiton, Xtrata-Glencore y Teck no tendrían ningún problema en abandonar este proyecto y el país, castigando sus inversiones por convulsión política y compensándolas contra impuestos en otra jurisdicción. Al final, no les movería un milímetro sus estados financieros. Agitadores ignorantes y maliciosos, incapaces de comprender que el Perú las necesita, no estas empresas al país.

Además, las mesas de diálogo son un fracaso porque las comunidades no tienen palabra ni capacidad o voluntad real de respetar un convenio. Basta que cambien de representante para que todo acuerdo vuelva a fojas cero, o que existan protestas en otra parte del país para que quieran sumarse y crear un efecto multiplicador.

Con la minería paralizada, el país está perdiendo millones. ¿Cómo lo compensará Francke? ¿Emitiendo más deuda a tasas caras? Que no se pavonee, los US$4,000 millones no han sido un éxito como quiere hacernos creer. ¿Impuestos confiscatorios que nunca cobrará? Estamos cada vez peor, la vacancia es el único camino, no sigamos poniendo excusas.

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