No más déja vu
Algo por el estilo se vivió en el proceso de las elecciones generales de 2016. Ahora que estamos a unos días de la fecha límite para la resolución de tachas y de exclusión de candidatos por omitir o falsear en su declaración jurada de hoja de vida o por la corruptela de las dádivas, al menos podemos decir, a diferencia de hace cinco años, que no van a terminar expectorados varios postulantes presidenciales o aspirantes parlamentarios con válidas expectativas de pasar a la segunda vuelta o de alcanzar una curul, respectivamente. ¿Es para estar satisfechos porque el rodillo legal del JNE no trabajó tanto? La verdad NO y dicho con rotundidad.
No vamos a negar que el cronograma de este proceso se ha tenido que ajustar a la carrera por la maldita pandemia viral china y que, ni siquiera, el Pleno del JNE, máximo órgano de justicia electoral, funcionó –y funciona- con la totalidad de sus miembros. Tampoco negaremos que con el fin de que los ciudadanos emitan un voto informado el legislador ha obligado a los pretendientes a transparentar más su vida, bienes y rentas, estableciendo sanciones draconianas en caso contrario.
Empero, resulta inaceptable que apenas a un mes de la primera vuelta el sistema electoral pueda excluir de la contienda a los candidatos provocando un clima de incertidumbre que ciertamente conspira contra la participación política y que ha motivado legítimas críticas a nivel internacional y alimenta en la ciudadanía sospechas –fundadas o infundadas- de fraude en los próximos comicios.
Sin duda, lo perfecto es enemigo de lo posible y queda claro que en esta materia electoral hay tela que cortar y sanciones que revisar. Como dijo el secretario general de la OEA a los aspirantes sólo se les deba sacar de la competencia eleccionaria por hechos o conductas manifiestamente graves. Para las demás caben sanciones pecuniarias o éticas que el elector deberá tener presente a la hora de sufragar. ¡AMÉN!
