Ni vacancia ni constituyente

Blindada ya contra la disolución “fáctica” por la nueva ley, la oposición acaricia ahora la idea de vacar una vez más la Presidencia.

La ley, sin embargo, interpreta la Constitución y, por lo mismo, no está firme. El Gobierno ha recurrido ya al Tribunal Constitucional y este bien puede declararla inconstitucional por estar en conflicto con sus propias competencias como “supremo intérprete” constitucional (pocos saben, sin embargo, que tal cosa no está en ninguna parte de la Constitución, sino solo en la ley orgánica del TC).

El TC puede no tener hoy ya los cinco votos que hacen falta para declarar inconstitucional la ley. Tampoco tiene la intención, sin embargo, de pasar por alto el desafío del Congreso a su competencia. El TC se halla, pues, ante un dilema insoluble y probablemente decidirá no decidir. No se pronunciará sobre el asunto, por ahora. La ley que ya está vigente seguirá estándolo mientras el TC no se pronuncie. Por lo mismo, la oposición no tiene que temer el cierre del Congreso. Es el momento de negociar.

“He venido a proponer un acuerdo, un pacto, un nuevo contrato social”, dijo la premier, Mirtha Vásquez, al pedir la confianza del Congreso para su gabinete. Hay que suponer que ella cree de buena fe lo que dice. Que sea verdad en un gobierno que tiene al comunismo de accionista es harina de otro costal. Si la palabra es falsa, hay legítima causal para censurarlo.

La vacancia sin proceso, en cambio, es un hoyo negro, genera un vacío de poder que será llenado por algo que puede ser peor, como ya sabemos. Pero la oposición no quiere darle a la causal de vacancia por “incapacidad moral permanente” -que no está definida en la legislación peruana y significa lo que el Congreso quiera- el debido proceso que hace falta. No quiere darle el trámite que tiene el impeachment americano, por ejemplo. Y esto se debe a que -hablemos claro- no renuncia a vacar la Presidencia de Pedro Castillo.

No es sino más de lo mismo: poner en Palacio a otra persona cuya presidencia la oposición tendrá que vacar también, para finalmente, como es su tonto plan, colocar en el gobierno a la presidenta del Congreso, contra la cual se levantarán los votantes de Castillo convencidos de que les han robado el gobierno.

Ese gobierno no podrá sostenerse, como no pudo el anterior -efímero gobierno del Congreso- acusado de ser producto de un golpe de Estado.

Este es el fruto amargo del conflicto de poderes permanente. Hay una falla en la arquitectura constitucional que origina nuestra democracia de baja gobernabilidad incapaz de resolver los problemas del pueblo. Einstein decía que seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes es la definición del error. Es lo que estamos haciendo.

No hay equilibrio de poderes, nunca lo ha habido en la historia de la República. El Congreso sigue siendo el “primer poder del Estado”. Este mote que ridículamente esgrime con orgullo el Congreso es precisamente su confesión. Lo es, sin embargo, solo hasta que es disuelto por el autoritarismo, como ha ocurrido tantas veces en nuestra historia.

Acicateados ambos por la desconfianza y el miedo, el Congreso teme la disolución y el Gobierno teme la vacancia. Hace falta voluntad de negociar de ambas partes para detener el conflicto antes de que se convierta en uno armado. Así comenzó la guerra civil española.

Los cambios constitucionales son necesarios, pero empezando por los que hacen posible acabar con el conflicto de poderes y escapar de la democracia de baja gobernabilidad para resolver los problemas del pueblo. Lo hizo Europa luego de la Guerra. Y Francia lo logró en paz al fundar su Quinta República.

Si la voluntad de negociar existe en ambas orillas, como dice querer la premier Vásquez, la solución no es inalcanzable. Para detener este proceso degenerativo basta que la oposición -libre ya de la amenaza de la disolución- deje de lado la idea de vacar la Presidencia si Pedro Castillo renuncia de manera expresa y pública a fraguar una constituyente.

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