Ministros fusibles

Al pergeñar estos renglones, el Despacho ministerial del Interior seguía sin titular por censura de quien lo ocupaba y acaba de publicarse la polémica formación de causa penal vía Antejuicio contra un ex Ministro de Educación después de cuatro años de terminada su gestión, lo que da motivo para tratar sobre el lecho de rosas y sobre todo espinas que conlleva ser parte del Poder Ejecutivo.

Empecemos por lo obvio. Conforme al ordenamiento constitucional, la dirección y gestión de la administración y de los servicios públicos están confiados al Consejo de Ministros y cada Ministro de Estado es responsable en el ejercicio de la función por las infracciones constitucionales y/o delitos que cometan así como de los actos del Jefe de Estado que refrenden ya que éste es inmune a la acusación en los términos dispuestos por el artículo 117 de la Constitución. En pocas palabras, los que son nombrados en un cargo ministerial están sujetos a la responsabilidad política derivada de la función y de lo que ocurra en el Sector a su cargo por la que pueden ser pasibles de interpelación y de la temida censura congresal y a la responsabilidad legal cuya infracción –según la naturaleza– determina que se le abra parlamentariamente un Juicio Político que puede llegar a la destitución e inhabilitación pública y/o el Antejuicio que lo encamina al procesamiento penal.

Por ello, no es de extrañar que, en muchos casos, los errores cuando no horrores del Presidente de la República los termine pagando política y/o legalmente el Ministro de la Cartera sea porque no renuncia a tiempo como sería debido –cosa tan rara en estos tiempos– o porque no comprenda que producida una crisis gubernamental el Congreso antes que toque a la cabeza del Ejecutivo se fundirán el o los titulares ministeriales necesarios para impedir el incendio o para satisfacer intereses políticos de todo tipo.

Volvamos al destino de los dos ex Ministros aludidos al inicio. El del Interior, más allá de si fue o no competente, estaba condenado irremediablemente dada la incontrolable inseguridad ciudadana y el grave deterioro del orden interno que padece el país y porque el llamado “Plan Boluarte” –por no usar otros sinónimos difundidos en las redes– resultó un grosero engaño a la Nación. En cambio, en el de Educación, visto lo visto, fue víctima de una suerte de celada política urdida por no haber “supervisado” el contenido de unos textos escolares algo que no le competía directamente aunque sí al Sector bajo su cargo, por lo que creemos que el encausamiento penal acabará en el archivo después de unos lamentables años. Sic transit gloria mundi. ¡AMÉN!

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