Los agazapados

Algunos políticos, así como analistas que frecuentan los medios de información han empezado a poner en tela de juicio la firmeza con que, en ciertos casos, trata algunos temas de coyuntura la presidente, Dina Boluarte, sobre todo, cuando se trata de condenar los hechos de violencia cometidos por revoltosos, durante las marchas y paros regionales impulsados por líderes radicales que no dan la cara, bajo la arropada excusa de tratarse de actos de protesta.

Tras la destitución y detención de Castillo se desató una ola de violencia, en ciudades del sur del país, principalmente, con lamentables muertes que deberán ser investigadas, exigiendo el cierre del congreso, la renuncia de la presidente constitucional, Dina Boluarte, y la realización de una Asamblea Constituyente, todos ellos, planteamientos estrictamente políticos, de imposible aceptación. El gobierno dictó acertadas medidas para enfrentar la crisis como, por ejemplo, declarar en Estado de Emergencia el país. “Se ha acordado declarar en Estado de Emergencia a todo el país debido a los hechos vandálicos, violentos, a la toma de carreteras y caminos, que ciertamente ya son actos que se están estabilizando y están siendo controlados por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas, y que requieren de una respuesta contundente y de autoridad de parte del Gobierno”, dijo en esa oportunidad, el presidente del Consejo de ministros.

La intervención de nuestras FFAA y PNP para recuperar la paz y evitar que la pradera se incendie, como buscan algunos agitadores que se agazapan en el anonimato, fue necesaria, por lo que se requiere se les dé todo el respaldo político para que cumplan su cometido, en estricto respeto a la ley y a sus propias normas internas y protocolos para casos como el que deben enfrentar. Y ese respaldo debe ser firme y contundente de parte del gobierno, empezando por la presidente de la República, quien es, a la vez, por mandato constitucional, jefe las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esa firmeza permitirá evitar los excesos y abusos en las tomas de carreteras o las marchas callejeras que busquen provocar el terror en la población. No es posible que, a vista y paciencia de todos, los azuzadores exijan, a través de potentes megáfonos, a comerciantes y pobladores, a cerrar sus negocios y sumarse a los paros decretados, bajo la amenaza de que puedan ser víctimas de represalias.

Las tomas de carreteras y aeropuertos, inicialmente, así como saqueos y cierres de centros comerciales, incendios de importantes locales públicos, y suspensión de actividades productivas trajo consigo ingentes pérdidas para el país. Se calculó que esas pérdidas llegaban a 50 millones de dólares diarios, lo cual ocasiona, a su vez, perdidas de puestos de trabajo en desmedro de los más pobres, que paradójicamente los azuzadores dicen defender.

Las medidas preventivas para evitar mayores desmanes tienen que ser activadas al máximo, con el trabajo profesional de expertos en el tema, y la intervención de las autoridades encargadas de perseguir el delito, identificando a los promotores de la violencia que se esconden en la sombra o se camuflan arropados en el discurso político que el sistema democrático y la inmunidad de la que pueden estar gozando se los permita.

No debemos perder de vista lo que antaño ocurrió, un gobernante señalo que las iniciales acciones de sendero luminoso eran producidos por abigeos. Tal falta de visión nos costó el drama que el terrorismo produjo. No debemos caer en el descuido político para lamentarnos luego. Es un tema de supervivencia. A esta democracia, por imperfecta o débil que sea, hay que defenderla no permitiendo que minorías violentistas se impongan ante una población que quiere vivir en paz.

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