Ley o supervivencia: el dilema de los informales

Es un mito que los informales quieran ponerse bajo la mira de la autoridad, la mayoría está cómoda operando sin supervisión y sin el fantasma de SUNAT o SUNAFIL imponiendo obligaciones costosas; ellos mismos diseñan sus reglas de juego. También es una falacia que uno de los incentivos para la formalización sea el acceso a préstamos o financiamiento, pues son sujetos de crédito de microfinancieras, cajas municipales y cooperativas. Naturalmente les cobran tasas de interés mucho más altas, no solo porque el riesgo es mayor, al carecer de historial crediticio o capacidad de dar garantías, sino además, tienen mayores costos operativos porque utilizan una gran fuerza de ventas que identifica a los clientes. Los informales son una parte importante del mercado que no están dispuestos a perder.
Como bien señala Miguel Jaramillo en un excelente artículo, (El Comercio 5/4/2025), evidentemente si uno hace una encuesta entre empresarios informales, la mayoría contestará que su gran aspiración es la formalidad, porque ante los ojos del mundo, es la respuesta correcta. Sin embargo, si se les ofrece pagar todos los costos de registrarse ante la municipalidad y ayudarlos a obtener y poner en orden toda la documentación necesaria para formalizarse, solo uno de cada cuatro acepta. El problema no es registrarse sino vivir en la formalidad. Es muy complicado cumplir con todas las innumerables exigencias y obligaciones, además de estar sujetos a la inmensa carga laboral no salarial. Todo aquel que ha pagado planillas dentro de la legalidad, sabe exactamente a que me refiero.
Las leyes laborales son tan onerosas para el empleador que resultan excluyentes, desafortunadamente no todos los microempresarios son capaces de soportar esa estructura de costos, su rentabilidad suele ser muy marginal. Nuestra legislación laboral está divorciada de la realidad, fiel reflejo de la pobre calidad profesional de los jefes del sector. Maurate es más de lo mismo, huérfano de todo mando, prefiere siempre escudarse en la CNT para no asumir la responsabilidad de sus decisiones. Insólito que no se atreva a derogar el DS que restringe la tercerización en el núcleo del negocio, toda vez que el INDECOPI ya la ha declarado una barrera burocrática ilegal, vale decir, en la práctica no se aplica. Es absolutamente desgastante dejar flotar una norma que genera ambigüedades y mantiene vivos a decenas de procesos judiciales seguidos para buscar su nulidad definitiva.
Los dos grandes problemas de la permisología, que están intrínsecamente ligados son: la falta de predictibilidad en los plazos y la pésima calidad profesional de los funcionarios evaluadores. Aun cuando se trate de un permiso muy simple, si detrás del mostrador nos toca el típico burócrata que tiene que poner trabas por principio, porque no admite que un expediente esté perfecto, ha comenzado la agonía.
El shock desregulatorio es imprescindible, porque hay permisos que no agregan ningún valor, sin embargo, debería encabezarlo la derogatoria de la consulta previa en la etapa de exploración minera. Generalmente, a pesar de tener una aceptable certeza en la fase de prospección, durante la exploración las perforaciones no cubren con las expectativas, ya sea por el bajo porcentaje de mineral o por leyes muy pobres que no ameritan grandes inversiones, a pesar de los precios. Los valores utilizados en el Estudio de Factibilidad no necesariamente serán los mismos después de los muchos años que tardará la mina para entrar en operación. La exploración es un riesgo y si para adoptarlo tienen que negociar con complicadísimas comunidades campesinas, azuzadas por anti mineros, se van a Chile que solo la exige en la etapa de explotación.
Los proyectos mineros son una inversión de largo aliento y es responsabilidad del gobierno agilizarla ELIMINANDO esta consulta previa. Atrévase ministro Salardi, nadie se va a impresionar por el numero sino por el impacto de los permisos que se eliminan.

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