Leguleyadas sin control

En lo que ayer se conocía como Estudios Generales –antes que apareciesen los benditos grados en las carreras– a los cachimbos de Derecho se nos enseñaba que un principio básico de la ley es su generalidad, es decir, no existen normas legales con nombre propio y tampoco especiales salvo por la naturaleza de las cosas, pero nunca en razón de la diferencia de las personas o por intereses subalternos. En cristiano: jamás deben dictarse leyes para beneficio de unos en perjuicio de la sociedad y del Estado y, máxime, en materia criminal.
Esta corta perorata viene a cuento ante lo que se ha convertido –con honrosas excepciones– la impresentable maquinaria legislativa del Parlamento en complicidad –por usar un eufemismo– con el no menos impresentable Poder Ejecutivo. Pruebas al canto.
Hace unos meses, se promulgó la cuestionable “Ley Soto” que redujo de un plumazo el plazo de suspensión del cómputo de la prescripción penal que terminó favoreciendo al entonces susodicho presidente del Congreso y Dios sabe a cuántos más hasta la fecha. Si ya esto era un bochorno, continuó el asunto con la “flexibilización” de la legislación que reprime la plaga de la criminalidad organizada que excluye de ella a varios pájaros de cuenta ya imputados con prisiones preventivas y un régimen más severo, debilitando la persecución del delito.
Como si no fuese suficiente el agravio, hace poco los involucrados e imputables de ejercer la lacra de la minería ilegal –hoy día la actividad económica ilícita más rentable en el país que el propio narcotráfico– se salieron con la suya con la dichosa ley que prorroga el REINFO y, por ende, con el manto de impunidad por este nefasto negocio pluricriminal (verdad que en este dislate colaboró la negligente actuación del desgobierno instalado en Palacio).
Para acabar, cual cereza, añadimos la flamante y vergonzosa Ley n.º 32181 que, con la finalidad de brindar mayor protección legal al personal de la Policía Nacional del Perú en sus intervenciones –lo que está muy bien–, incurrió en el dislate de derogar la detención preliminar judicial en los casos en que no hubiese flagrancia, perjudicando gravemente la investigación fiscal-policial y favoreciendo la fuga de los malhechores y compinches. Al menos, gracias a la prensa, empezando por Expreso, los llamados representantes de la Nación tuvieron que enmendar sobre la marcha el desaguisado del que tampoco se salva la inquilina de Palacio y sus “asesores”.
Ya, pues, son demasiadas leguleyadas que desacreditan la seguridad jurídica y que constituyen un atentado contra la institucionalidad democrática y el orden constitucional.
La verdad, hasta aquí resulta bastante difícil encontrar otro período gubernamental todavía democrático en el que los poderes Ejecutivo y Legislativo sean tan reprochables e impopulares como el actual por lo antedicho y un rosario más, y, sin embargo, aún haya que sufrirlos por un año y medio más. ¿O no? ¡AMÉN!

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, X, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.