“Lava Jato” sigue atornillado
La Fiscal de la Nación (FN), de un plumazo –mejor dicho, con una sola resolución de su despacho– dio por concluidos a los tres coordinadores nacionales de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, Corrupción de Funcionarios y de la de Extinción de Dominio, respectivamente, decidiendo que la coordinación de los tres sistemas fiscales quede a cargo de un Fiscal Adjunto Supremo.
La titular del Ministerio Público (MP) consideró que “la actuación bajo una única coordinación contribuirá a garantizar una administración de justicia más efectiva para la sociedad, estandarizando criterios de investigación y optimizando la gestión y utilización de los recursos”. No estamos tan seguros de ello, pero esperamos que esta radical “unificación de esfuerzos” dé los resultados buscados y ayude a restaurar progresivamente la tan golpeada imagen del MP.
Ahora bien, en lo tocante al caso de la Coordinación de los Delitos de Lavado de Activos, la medida trae abajo la designación que tenía el conocido –y no poco cuestionado– fiscal superior Vela Barba, quien, sin embargo, queda como mandamás del equipo a cargo del espinoso affaire “Lava Jato” y, también, como su segundo, el polémico, insufrible y mediático fiscal Pérez, ambos pasibles de investigaciones disciplinarias y/o penales en curso. ¿Es esta la mejor decisión?
Dada la reciente publicidad del discutible Acuerdo de Colaboración Eficaz y de Beneficios suscrito con el corrupto grupo empresarial ODEBRECHT –léase, “Lava Jato”–, suponemos que la activa FN debería estar considerando la revisión de tamaña decisión. Decimos esto no sólo por los términos y condiciones negociados, que resultan a la luz perjudiciales para los intereses del Perú, sino porque la supuesta defensa ensayada de que el acuerdo citado fue homologado y ejecutado echando el bulto al Poder Judicial no libera a los fiscales y a la Procuraduría Pública de la responsabilidad legal incurrida y del reproche ciudadano.
En efecto, si uno lee la parte resolutiva de la sentencia de marras, encontrará que en sus numerales 2 c), 3 e) y 4 el Juzgado Nacional determinó, en cuanto al fideicomiso de pago, que de verificarse la existencia de nuevos hechos de connotación penal y que no hayan sido aceptados por la empresa ODEBRECHT –lo que ocurrió–, deberá la Fiscalía ponerlo de inmediato en conocimiento –lo que no sucedió oportunamente– y que se dejaba a salvo el derecho del Estado de solicitar la reparación civil por hechos penales distintos a los cuatro casos materia del dichoso acuerdo, lo que tampoco fue promovido a tiempo por el equipo fiscal y/o la Procuraduría Pública.
Total, la corrupta ODEBRECHT se salió con la suya más que en cualquier otro país víctima de sus tropelías y terminó pagando una propina frente al descomunal daño nacional que originó y todavía origina. VERGONZOSO. ¡AMÉN!
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