Las FFAA y la delincuencia

Tenía que suceder que los propietarios y trabajadores del transporte urbano en Lima paralizaran contundentemente sus unidades el jueves de esta semana, para que el gobierno, el Congreso de la República y la ciudadanía en general reaccionaran y salieran del marasmo en el que se encontraban frente a una ola criminal totalmente empoderada, que crece y amenaza a sus víctimas con asesinarlas si no acceden a sus extorsiones de pagar cupos diarios para dejarlos circular sin zozobra, en este caso particular de los transportistas.
La paralización en Lima y Callao fue plena. Dijeron sus dirigentes que la medida obedecía a un acto de protesta y reclamo contra el gobierno, que hace muy poco en la lucha contra la criminalidad que ha tomado las calles bajo distintas modalidades de extorsión y chantaje.
En un artículo de la semana pasada, nosotros llamamos la atención, precisamente, sobre esta situación, proponiendo, como lo han hecho muchos alcaldes de los distritos limeños más poblados, así como la propia municipalidad provincial, que es hora de enfrentar a estas bandas criminales con la presencia de nuestras FFAA en las calles, como apoyo a la policía. Es un clamor generalizado de una población que se ve amenazada todos los días por la delincuencia.
Según el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, Martín Valeriano, cerca de medio centenar de empresas de transporte público suspendieron sus operaciones en esta oportunidad. El dirigente explicó las razones de la medida. Señaló que el sector al que representa se siente preocupado por el incremento de extorsiones y ataques violentos contra los transportistas, por lo que exigen mayor seguridad y que el gobierno haga lo que tenga que hacer para devolver la tranquilidad a la población.
Valeriano recordó una verdad percibida por la población: carecemos de políticas y acciones muy claras en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Casi es una verdad de Perogrullo reiterar este hecho, porque, en verdad, no vemos resultados en esta lucha, que resulta desigual en perjuicio de la población. Urge potenciar el trabajo de los servicios de inteligencia de la Policía Nacional para desarticular las bandas criminales con acciones preventivas y eficientes, como lo reclama a gritos la ciudadanía.
“No sabemos en qué momento puede caer una bala. Los transportistas estamos expuestos a la muerte, a los cobros de cupos y, de igual forma, esto también atenta contra el público usuario, que es nuestra clientela en el servicio de transporte público”, señaló el dirigente.
El paro de transportistas trajo consigo algunas reacciones oficiales que debemos destacar: primero, el Gobierno declaró, finalmente, estado de emergencia en los distritos más castigados por las bandas criminales. Regirá en los distritos de Villa El Salvador, Ancón, Ate, Puente Piedra, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Lurigancho-Chosica, Comas, Carabayllo, Independencia y Ventanilla (Callao).
Esto permitirá, según mandato constitucional, restringir o suspender el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito. Recordemos que, en estado de emergencia, las Fuerzas Armadas son quienes asumen el control del orden interno, en este caso, en apoyo de la Policía Nacional, demanda muy solicitada por la población. Ahora solo nos toca esperar que las estrategias que se pongan en marcha para acabar con esta delincuencia sean las más eficientes.
Segundo, los transportistas fueron recibidos por la Mesa Directiva del Congreso de la República. Allí, los dirigentes solicitaron, entre otros puntos, que las acciones realizadas por estas bandas criminales sean consideradas como delitos de terrorismo urbano. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se comprometió a dar prioridad al dictamen de 20 proyectos de ley presentados con ese propósito. Dijo que el próximo jueves 3 de octubre se debatirán y aprobarán esos proyectos.
Tercero, que el ministro de Defensa, Walter Astudillo, ponderara la decisión de declarar el estado de emergencia en estos términos: “El combate al crimen organizado y la garantía de la seguridad ciudadana es una responsabilidad de la Policía. En esta circunstancia, ¿cómo van a estar de espaldas las Fuerzas Armadas? Es por eso que nuestro gobierno ha decidido que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía. ¿Cómo se hará? Eso es algo que tendrá que definirse”.
Esperamos que, en esta oportunidad, el gobierno y los otros poderes del Estado se pongan a la altura de las circunstancias, porque no podemos caer ni menos sucumbir por inacción o ineficiencia frente a las garras de la violencia delincuencial. En esta lucha, todos nos mantendremos unidos y nada debería detener las acciones que las autoridades emprendan. Contarán, sin duda, con el respaldo de nuestra población.

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