La necesaria reforma política

La reforma emprendida en el período populista de Vizcarra fue un intento de desnaturalizar la política para concentrar poder en manos del demagogo de moda. A contramano de democracias consolidadas como la norteamericana, se les negó a las personas jurídicas dedicadas a actividades económicas lucrativas la posibilidad de aportar a las campañas electorales de las agrupaciones que representan las políticas que benefician sus intereses generales. La estabilidad y continuidad de un modelo de economía social de mercado, que promueve el crecimiento económico, no solo beneficia a los ciudadanos que necesitan más puestos de trabajo, sino también a las empresas que invierten con creatividad en busca de satisfacer los deseos de los consumidores.
El dictamen aprobado en la Comisión de Constitución, salvo alguna desagradable sorpresa que nos reserve la discusión en el Pleno, debe consolidar la saludable relación entre la actividad económica privada y el régimen político. Sí será necesario evitar el ingreso del dinero de la minería ilegal, del narcotráfico y de la corrupción en la campaña electoral que se avecina.
En un país castigado por un sistema proporcional que incentiva la multiplicación de candidaturas presidenciales, era irracional haber establecido un costo a las alianzas electorales, el 1 % por cada agrupación adherente. Se ha corregido esto en un dictamen que debería ser aprobado, pero con la adición de permitir que varias agrupaciones puedan apoyar una misma fórmula presidencial, presentando distintas listas parlamentarias para satisfacer las aspiraciones de sus militantes. Solo así podríamos asegurar una oferta presidencial reducida y de calidad, que permita una decisión informada a los electores.
El Congreso debe reconsiderar la existencia de movimientos regionales. Reiteradamente se ha expuesto cómo es mucho más fácil presentar una candidatura individualista con un movimiento formado tan solo para la coyuntura electoral, que militar en un partido político permanente y lograr representarlo luego de elecciones internas. En el primer caso, obtenido el cargo público, no existe control político interno alguno, lo que se traduce en poder excesivo y la sensación de impunidad; mientras que, en el segundo caso, la dirigencia nacional y la provincial fiscalizan al funcionario elegido, interesados en mantener la confianza de los electores. Eso explica la lista inmensa de gobernadores regionales sentenciados o procesados por corrupción.
A ello habría que sumarle la necesidad de contar con partidos nacionales que tengan verdadera identidad doctrinaria y programática en todas las provincias, aspiración válida para organizaciones de derecha y de izquierda, que no colisiona con el derecho a la participación política, pues todo aspirante a tal actividad tiene un amplísimo espectro de agrupaciones en las cuales desarrollar su vocación. En definitiva, la debilidad de los partidos políticos perjudica la calidad de la oferta política y abre espacios para los aventureros e improvisados.

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