La ley de amnistía
El 13 de agosto de este año, la presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley N.º 32419, que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.
Esta decisión, que contó con el respaldo de una población mayoritaria que había sufrido los embates y la crueldad de fanatizadas columnas terroristas que pusieron al Estado peruano en vilo durante esas dos décadas de violencia y muerte, fue recibida, sin embargo, con rechazo y abierta confrontación por un sector de la opinión pública que adhiere a los principios de una izquierda llamada ahora “caviar” y que se proclama defensora de los derechos humanos.
La ley señala en el numeral 1 del artículo 1: “Se concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y a los que hayan sido integrantes de los Comités de Autodefensa que se encuentren denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000”.
En el numeral 2 del mismo artículo se establece, sin embargo, la siguiente salvedad: “Los efectos de la presente ley no son aplicables a los denunciados o imputados por terrorismo o por delitos de corrupción de funcionarios, quienes deben ser objeto de los procesos penales correspondientes, de conformidad con las normas pertinentes”. Esto significa que no cualquiera puede acceder a la amnistía señalada, y menos aún aquellos comprendidos en delitos de corrupción, como maliciosamente insinuaron algunos de sus detractores.
Asimismo, el artículo 2 de la ley precisa que “se concede amnistía de carácter humanitario a los adultos mayores de setenta años, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y a los que hayan sido integrantes de los Comités de Autodefensa, que cuenten con sentencia firme o se encuentren en trámite de ejecución de sentencia, con pena privativa de libertad efectiva o suspendida, por delitos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo, siempre que no hayan sido condenados por delitos de terrorismo ni por corrupción”.
“Hoy es un día histórico para nuestra patria. Hoy el Perú rinde justicia y honra a aquellos hombres y mujeres que con valor y entrega enfrentaron una de las más terribles amenazas de nuestra historia: el terrorismo”, expresó la mandataria al promulgar la ley. Luego agregó: “Muchos entregaron su vida en defensa de la paz; otros sobrevivieron, pero cargaron durante años con el peso de procesos judiciales y acusaciones que también afectaron a sus familias”.
La iniciativa fue presentada en el Congreso por el parlamentario Jorge Montoya. En la exposición de motivos, recordó que “la derrota del terrorismo implicó acciones como labores de inteligencia, despliegue de tropas, comandos políticos militares y el Estado de Emergencia en gran parte del país, lo que tuvo lamentables costos sociales”.
No debemos olvidar esos años oscuros ni a quienes dieron todo por devolvernos la paz.
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