La Justicia cautiva
Ya el artículo 16 de la célebre Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano decía en 1789 que “una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”. Tan rotunda afirmación ha permanecido plenamente vigente hasta hoy, por encima de las diversas formas de gobierno adoptadas en Europa y en Estados Unidos; curiosamente, los Padres Fundadores del presidencialismo rechazaron el parlamentarismo inglés por considerar que no aseguraba la separación de poderes, precisamente porque lo normal es que el presidente del partido con más escaños parlamentarios sea el líder de la mayoría en el Legislativo y por eso mismo, sea primer ministro y líder del Ejecutivo.
Sin embargo, el parlamentarismo europeo cultivó democracias ejemplares, siempre que sus líderes permanecieron leales al sistema. Así, la teoría de John Locke fue corregida por la realidad: la verdadera separación de poderes no se refiere a las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino a la independencia de los órganos de decisión jurisdiccional con los órganos de decisión política. En otras palabras, la clave para la vigencia de los principios y valores de la democracia constitucional reside en la verdadera autonomía que la administración de justicia tenga respecto a los otros órganos constitucionales. Se trata de separar a los órganos donde prima el Derecho, de aquellos donde se decide en función de la Política.
En ese marco conceptual afirmamos que nuestra democracia constitucional está gravemente amenazada. Cuando escuchamos el audio de la fiscal de la Nación y una fiscal provisional coordinando aparentemente cómo ocultar graves hechos de corrupción del Gobierno; cuando se exige maliciosamente centralizar toda información sobre delitos cometidos por personajes del partido oficialista en un solo fiscal superior; cuando las acusaciones de postulantes a colaboradores eficaces sirven para encarcelar por años a opositores políticos pero, aun coincidentes, no son válidos si se trata de políticos vinculados a Palacio de Pizarro; cuando algún fiscal mediático demora varios años en formular acusación penal y va manipulando la información según la coyuntura política; no podemos afirmar que la administración de justicia actúe en forma independiente.
Corresponde a la JNJ sancionar a las fiscales descubiertas, pues antes destituyó por hechos menos graves, además de suprimir definitivamente la sospechosa provisionalidad; y al Congreso apartar de inmediato a quienes paralizaron investigaciones u ocultaron graves delitos, desmontando así el aparato armado por anteriores gobiernos para garantizar la impunidad de corruptos dirigentes regionales que, habiendo llegado a Palacio por la debilidad del sistema, hoy mantienen cautiva a la Justicia.
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