La izquierda y la inseguridad ciudadana

Tirios y troyanos están de acuerdo en que las leyes, por sí solas, no pueden cambiar las condiciones en las que la sociedad enfrenta la creciente ola de delincuencia; en especial, la que más afecta al ciudadano común: asaltos a mano armada, robo en viviendas y pequeños negocios, extorsiones y secuestros al paso. Por eso, es grotesco que exministros de justicia y exministros del interior, todos ellos adscritos a gobiernos que fracasaron en sus políticas de seguridad, aparezcan repetidamente en sets de televisión pontificando en contra de la ley del crimen organizado que fue promulgada en agosto de este año, responsabilizándola equivocadamente por los delitos que afligen a la población, siguiendo una agenda evidentemente concertada por esa izquierda tan peculiar, vividora del Estado, adicta a las consultorías inútiles, cómplice de Vizcarra y de Villarán; la denominada izquierda caviar.
No hay casualidades en política. La anterior norma legal sobre crimen organizado permitió comprometer a cientos de adversarios políticos y empresarios con interminables investigaciones, invariablemente complejas, porque los hechos supuestamente fueron cometidos por “organizaciones criminales”. De esa manera, por ejemplo, la candidata que obtuvo el segundo puesto en las elecciones presidenciales fue encarcelada dos años sin proceso judicial, cuando los aportes privados de campaña no constituían delito. Según el Ministerio Público, PPK lidera supuestamente una “organización criminal” compuesta por su chofer y su secretaria, solo porque esa ley requería el concierto de tres personas. El ridículo jurídico es tan grande como la imposibilidad de obtener sentencias condenatorias, sencillamente porque el Derecho fue instrumentalizado con fines políticos, gracias a un puñado de fiscales mediocres que dejaron escapar a las tortugas de Odebrecht y se dedicaron a atormentar la vida de gente honesta como Ricardo Briceño, expresidente de Confiep.
El policía que duda en intervenir al ver un asalto lo hace por las normas aprobadas por sucesivos gobiernos izquierdistas que protegen al delincuente y posibilitan la criminalización de quien defiende a la sociedad. De la misma manera, la resistencia de los fiscales a pedir la detención preliminar y la detención preventiva de criminales violentos tiene relación con las “capacitaciones” recibidas por ONG que financian sus actividades acusando al Estado por su actuar contra criminales de todo tipo. Lo mismo pasa con los jueces, quienes aseguran sus ratificaciones y ascensos subordinándose a esas organizaciones que participan activamente también en esos procesos, descalificando a los postulantes independientes por nimiedades. Así, cuando la policía detiene a un grupo de asaltantes y un fiscal los libera horas después, no es por una ley aprobada hace dos meses, sino por una estrategia que tiene como objetivo ideológico que el elector se sienta inseguro y descontento en esta sociedad “capitalista y neoliberal”.

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