La interminable Línea 2

Han transcurrido nueve años desde que se concesionó la Línea 2 del Metro de Lima: Ate-Callao de 34 kilómetros (28/3/14), con un plazo de construcción de cinco años y a un costo de US$ 5,346 millones. Según el Ositran, el avance actual es de 45.68% (el 2022 apenas se construyó el 4.6% de la obra). Ergo, la ejecución no llega ni a la mitad.

A este paso, llegará el 2030 sin que Lima cuente con dos líneas de metro en operación.

Según la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) la causa de este retraso recae en la concesionaria encabezada por la española ACS porque: “aún no obtiene la aprobación de 43 Estudios Definitivos de Ingeniería-EDIs (de un total de 130); segundo, no consiguen las autorizaciones municipales y tercero, la falta de avance en las áreas de concesión entregadas”. Existen 21 áreas entregadas por el Ministerio de Transportes (MTC) en las que no se inician las obras y otras siete en las que la concesionaria se rehúsa a recibir. Del total de las áreas de concesión (625 predios), se han logrado comprar 596 predios (95.36%), y los 29 restantes están en proceso de compra. Es cierto que por la pandemia se paralizó la obra algunos meses, por lo que el concesionario ha solicitado al MTC una tercera adenda para modificar el cronograma. La segunda adenda (2018) amplió el plazo hasta diciembre 2024.

Además, el concesionario ha planteado tres demandas de arbitrajes ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), culpando al Estado de las demoras, en la entrega de terrenos liberados y en la aprobación de los EDIs. Ya lleva ganando la primera (6/7/21), que señala: que no fueron entregadas dentro del plazo, áreas de la etapas: 1ª, 1B y 2; que se han incumplido obligaciones en la aprobación de los EDIs y que se ejerce de manera incorrecta la supervisión. Digamos que los abogados del Perú han perdido el primer caso por goleada. Es así que el CIADI ha aprobado “los retrasos de: 1027 días (2.8 años), en la Etapa 1A, 1444 días (casi 4 años) en la Etapa 1B y 1448 días (casi 4 años) en la Etapa 2 (al 13/12/18). Es decir, el Estado debería pagar no menos de US$ 1,000 adicionales por concepto de gastos generales (20% de la obra civil). Pero, para el Marco Macroeconómico Multianual (25/8/22), este caso, tiene una exposición de apenas el 0.25% del PBI del 2021 (US$ 580 millones).

Según el abogado Alfredo Bullard, “…Lo que sigue, es un proceso de valuación de daños que se derivan del incumplimiento imputado al Estado… los laudos CIADI demoran entre seis meses y dos años” (8/7/21).
Por estas mismas causas de demora, el concesionario ha presentado otras dos demandas (6/12/21 y el 16/5/22) en donde no se específica montos, pero ha trascendido que se “busca solucionar temas relacionados a los reajustes de precios de la construcción por la inflación”. Una lluvia de millones.

Otra demora con cargo al concesionario es con la “marcha blanca” (operación de prueba) para la Puesta en Operación Comercial (POC) de la Etapa 1A (Vía de Evitamiento – Mercado de Santa Anita) que ha sido culminada y debió entregarse en enero 2022 (Adenda 2) pero esto no ocurre porque aún no se implementa la unidad de recaudo (tarjeta de pajo) para los pasajes (Sistema de Control de Pasajeros). ¿Irán a quejarse por esta nueva demora al CIADI?