¿La culpa es del Congreso?

Siempre evocamos la tenaz oposición de la Coalisión mayoritaria APRA-UNO contra el primer gobierno de Fernando Belaunde, para sustentar nuevos límites a la función de control político del Congreso. Recordamos siempre que esa mayoría evitó algunas reformas y censuró ministros a placer, alguno incluso por no saber el precio del pallar en Ica. Evidentemente, el golpe militar del 3 de octubre de 1968 fue traumático para los políticos y académicos de entonces y también para quienes los sucedieron; por eso, en las Constituciones de 1979 y 1993 se fortaleció la figura presidencial, pensando en evitar la posibilidad de otro cruento episodio, donde la mayoría parlamentaria impidiera gobernar a quien fue elegido precisamente para hacerlo.

En su momento, los admiradores de Vizcarra acusaron al Congreso de no dar rienda suelta al jefe de Estado para que gobierne, postergando la investigación de las comprometedoras denuncias, y hoy siguen dolidos por su vacancia de acuerdo al numeral 2 del artículo 113 del texto constitucional. Él tuvo instrumentos desconocidos para Belaunde, como la disolución parlamentaria al segundo gabinete censurado o por la confianza negada, además del férreo apoyo de los medios de comunicación. Aun así, cayó.

Si la actual Constitución fue redactada por un CCD compuesto mayoritariamente por miembros del partido de gobierno, con la tarea de minimizar cualquier futura capacidad de control político del Congreso unicameral a un Presidente con gran apoyo popular, no pudo dar estabilidad a Kuczynski ni a Vizcarra, y posiblemente tampoco a Castillo, es quizá porque en lugar de seguir disminuyendo las atribuciones al Congreso, debemos reconocer que la inestabilidad es más un problema de Ciencia Política que de Derecho Constitucional.

Los apristas de 1962 se sintieron burlados por el golpe de Estado que impidió que su líder histórico fuese elegido Presidente por el Congreso; a partir de ese sentimiento, combaten al arquitecto que hizo del antiaprismo una exitosa bandera; además, la política perdió espacio, por los escándalos del contrabando y el petróleo. Algo similar se podría decir de la confrontación de Kuczynski y Vizcarra con la mayoría fujimorista, epílogo de la enorme corrupción propiciada desde el Ejecutivo; e incluso en el presente, donde una plural mayoría parlamentaria hace oposición al gobierno de un ex sindicalista comunista que cada semana yerra en temas de ética y de gestión.
Entonces, el futuro de la democracia peruana no pasa por seguir fortaleciendo la figura presidencial, sino por apuntalar al Congreso, escenario típico del debate democrático y representación de todas las perspectivas y tendencias importantes del país.

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