La credibilidad de la CIDH
Es plausible el compromiso de los militantes de cualquier ideología, siempre que se ejerza dentro de un contexto de tolerancia democrática y en espacios políticos. El problema de la Comisión Interamericana (CIDH) es que su evidente activismo ideológico le niega la elevada autoridad moral que la Convención Americana exige. A pesar de haber escuchado, supuestamente, a diversas personalidades y grupos de interés en su visita al Perú, parece que solo otorgó credibilidad a sus camaradas, habiendo recogido un dictado de casi todas las pretensiones de la izquierda marxista peruana.
El informe trata por igual la acusación constitucional y la vacancia presidencial, sin considerar su distinta naturaleza y procedimiento. Pedir que se especifiquen las conductas que abrirían esa puerta de emergencia sería eliminar la vacancia, o acaso alguien pudo prever un presidente renunciando por fax, recibiendo coimas mediante testaferros o dando un golpe de Estado, imagínense la inmensa lista de las probables infracciones que un político pirata puede cometer. Hay que respetar los espacios propios de la política, en lugar de pretender incorporarlos a la especificidad de normas jurídicas.
La legitimidad del órgano legislativo ha sido parcialmente destruida por reformas políticas y electorales que minaron su base: los partidos políticos bien organizados que formaban grupos parlamentarios disciplinados. No menciona el nefasto periodo populista de Vizcarra, cuyo principal afán pareció obtener impunidad atacando diariamente al Congreso, al cual terminó avasallando con un referéndum inconstitucional.
Tampoco anotó la actitud beligerante de Aníbal Torres ni la manipulación del Amparo para evitar que el Congreso renueve el TC y ahora, la Defensoría del Pueblo; por el contrario, se alinea con el discurso izquierdista negando “legitimidad” al Congreso que salvó al país del comunismo.
El informe recomienda una asamblea constituyente “a la chilena”, desnudando evidente preferencia por el socialismo bolivariano, que logró capturar el poder en otros países postergando la democracia representativa, reemplazándola con el ingreso digitado de delegados de determinados grupos dominados por el extremismo de izquierda.
También, dictado por la ideología, subyace la condena al modelo económico de un país que, siendo minero, logró reducir la pobreza, la desnutrición y la mortalidad infantil, al tiempo que desarrollaba nuevas actividades como la agroindustria. Precisamente, la subversión de los prefectos y subprefectos de Castillo atacó con particular odio a la minería y a la agroindustria. Cuando una economía crece, aumenta temporalmente la desigualdad, la que debe contrarrestarse con buena gestión pública.
Nuestra izquierda, la misma que escondió a la CIDH la salvaje violencia de sus activistas, aguardaba ilusionada el informe para derribar el gobierno de la ex tesorera de Perú Libre; felizmente, sus defectos le han restado toda credibilidad.
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