Inseguridad: el mayor obstáculo para la competitividad
La inseguridad se ha convertido en una de las mayores amenazas para la estabilidad social, política y económica del país. Desde la Asociación de Exportadores (ADEX), y otros gremios, advertimos que este fenómeno no solo genera temor y pérdida de vidas humanas, sino que también afecta directamente la inversión, el empleo y, en consecuencia, la competitividad nacional.
El avance del crimen organizado y de las economías ilícitas –como la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas– erosiona el Estado de derecho y debilita la confianza en las instituciones.
De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la inseguridad le costará al país alrededor de S/ 19,800 millones en el 2025, equivalente al 1.7% del PBI. De ese monto, cerca de S/ 13,900 millones recaerán sobre el sector privado –en gastos de protección, pérdidas de productividad y cierre de negocios–, mientras que el sector público asumirá aproximadamente S/ 5,900 millones en prevención, control y mitigación.
Estos gastos se vuelven inevitables en un contexto marcado por la informalidad, el crimen organizado, el contrabando, la minería y tala ilegales, y el narcotráfico. Cada empresa que invierte en rejas, muros, cámaras o seguridad privada –o que enfrenta robos y extorsiones–, termina trasladando esos gastos al consumidor o reduciendo sus márgenes de ganancia y perdiendo competitividad frente a países con menores riesgos.
Los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas son los más vulnerables. Los recursos que deberían destinar a innovación, capacitación o mejora de infraestructura, terminan utilizándose para proteger lo poco que tienen.
La inseguridad también desalienta la inversión extranjera, retrasa decisiones de reinversión y mantiene al Perú en un círculo de alto riesgo percibido. Las cadenas productivas se interrumpen, el transporte y la logística encarecen sus operaciones, y la formalización se vuelve cada vez más difícil cuando los incentivos no son atractivos y los riesgos elevados.
Según el Sistema de Denuncias de la Policía (Sidpol), las denuncias por extorsión aumentaron más del 600% entre el 2018 y 2025. Mientras que entre el 2018 y 2021 se registraban en promedio 10 denuncias diarias, en el 2025 la cifra supera las 70 diarias, reflejando una tendencia alarmante que golpea especialmente al sector productivo.
Frente a esta situación, ADEX insta al presidente de la República, José Jerí Oré, a avanzar en el cumplimiento de su compromiso –expresado en su discurso de asunción– de ejecutar acciones inmediatas contra este flagelo en todas sus dimensiones. No basta con una respuesta policial o militar; se requiere una coordinación efectiva entre las instituciones del Estado, leyes modernas, incentivos a la formalización y un sistema judicial que sancione con rapidez y firmeza. El fortalecimiento de la Policía Nacional y del sistema judicial debe ser una prioridad.
Desde el Comité contra la Delincuencia y por la Paz, conformado por gremios empresariales y sindicatos, hemos propuesto reactivar un espacio de coordinación permanente con el Estado, que permita formular y ejecutar políticas conjuntas. Esta articulación debe darse al más alto nivel político, con el liderazgo directo de la Presidencia de la República, para garantizar coherencia y seguimiento en las decisiones adoptadas.
El Perú no puede seguir pagando el costo de la criminalidad. La seguridad no es solo un derecho social: es una condición indispensable para atraer inversiones, elevar la productividad y fortalecer la competitividad. Si aspiramos a ser un país con un crecimiento sostenido, más exportaciones y empleo formal, debemos actuar ahora.
Mira más contenidos en Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok y en nuestros canales de difusión de WhatsApp y de Telegram para recibir las noticias del momento.
