Inmunidad sí, pero sin blindajes o encubrimiento

Nos corren escalofríos cuando la Comisión de Constitución habla de restablecer la inmunidad parlamentaria porque lo primero que se nos viene a la mente es que están intentando blindar a los congresistas que cometen delitos y hay muchísimos, el Congreso está plagado de delincuentes. Mas de la mitad han sido investigados por diversos hechos punibles entre los principales, corrupción y lavado de activos. Hay personajes como Luis Picón con 78 carpetas fiscales en proceso o, José Luna Gálvez, investigado por su presunta participación en una organización criminal llamada: “Los gánsteres de la política”. La aprobación del Congreso es irrisoria, pero recordemos que están ahí porque les dimos el voto. No podemos lavarnos las manos y negarles paternidad, el que incumplan sus promesas como la mayoría de los políticos, es otro tema.
A nadie le gusta admitir que el Congreso es absolutamente representativo, fiel reflejo del país. Los congresistas no han venido de Marte. Así como hay gente buena e inteligente, también está lleno de ineptos y corruptos como en el MP, o colmado de criminales y delincuentes, tal como los encontramos en las cárceles abarrotadas o más cerca, a la vuelta de la esquina. La oportunidad es esencial y quizás no era el momento para tratar la inmunidad parlamentaria, pero es una institución clave para asegurar la independencia de los legisladores y evitar las presiones políticas y judiciales que, además, ha estado vigente la mayor parte de nuestra vida republicana. En un incalificable acto de soberbia populista, Vizcarra la eliminó, corresponde rectificar.
La “Comisión de Ética” se ha convertido en una herramienta política para garantizar el blindaje de sus pares. Negocian los votos en función de sus intereses partidarios y, eventualmente, imponen sanciones simbólicas. Si fuera un ente ajeno al Congreso, habría mayores posibilidades de garantizar imparcialidad y transparencia. Sin embargo, encontrar funcionarios públicos probos en el Perú es como buscar una aguja en un pajar, tarea dificilísima porque la corrupción es contagiosa. En todo caso, podría estar integrada por profesionales extranjeros de reconocida trayectoria y con experiencia parlamentaria. Hay que buscar soluciones audaces.
Recordemos que la inmunidad parlamentaria regirá desde el 2026, empero nada nos asegura un mejor Congreso. Será un proceso electoral endiablado, no solo por lo complejo del trámite: cada elector tendrá que emitir 4 votos, a través de dos cédulas de votación y dos cabinas, sino porque la alta fragmentación conllevará a la dispersión del voto y a una mayor confusión del electorado. Hay riesgo de muchísimos votos nulos. Lamentablemente no se aprobó que las FF.AA. conservaran copia de las actas electorales selladas para tener mayor respaldo y transparencia en el proceso y, de ser el caso, confrontarlas con aquellas que permanecen en custodia de la ONPE, porque habrá impugnaciones y muchísimas. Se argumentaron excusas absurdas como el riesgo de politizarlas o una militarización indebida del proceso electoral.
Muchos partidos no podrán colocar personeros, porque no tienen capacidad para ello y eso abrirá espacio para errores o actas mal llenadas que favorecen a aquellos que si tuvieron ojos durante el conteo o, al partido de mayor control territorial.
30 de los 43 partidos políticos se han inscrito con firmas falsas. Eso nos permite imaginar la calidad de sus líderes y candidatos. Lamentablemente, el JNE no está facultado para cancelar la inscripción, su única opción es remitir los casos al MP para que sean investigados. Recordemos que en el año 2000 se descubrió que el 78% de las firmas presentadas por Perú Posible eran presuntamente falsas. El partido ya no existe, su líder Alejandro Toledo fue presidente, robó descaradamente, lo negó hasta el cansancio y hoy cumple 20 años de carcelería.
El escenario electoral 2026 está marcado por el protagonismo de egos, ninguna vocación de alianzas que le den certeza y madurez al proceso. Como nadie cede, todos perdemos.

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