¿Hasta cuándo Petroperú?

La empresa Petroperú sigue siendo una carga pesada para el Estado peruano. Con la experiencia acumulada, puede afirmarse que fue un error del gobierno de Alberto Fujimori no haberla privatizado, como sí hizo con la mayoría de empresas estatales. Las consecuencias de esta decisión las pagamos todos los peruanos, ya que debemos asumir el costo del mal manejo empresarial que ha generado una enorme deuda, afectando significativamente el tesoro público. El actual presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, admitió en una reciente conferencia que la petrolera estatal mantiene una deuda entre US$9,000 millones y US$10,000 millones. Cada vez que ve peligrar su estabilidad, la empresa recurre al tesoro público para enfrentar su recurrente crisis financiera. No olvidemos que, a lo largo del tiempo, Petroperú ha recibido apoyo financiero estatal por más de 24 mil millones de soles.
El elevado endeudamiento se debe, según el alto directivo, a dos factores principales: el crecimiento económico modesto del Perú —entre 2 % y 3 % anual— y fenómenos climáticos como los oleajes anómalos, que interrumpieron operaciones portuarias durante 55 días, impidiendo la descarga de productos. Esto redujo ingresos y obligó a financiar operaciones con deuda.
Hasta el año pasado, la petrolera estimaba una pérdida de US$774 millones, la cual logró reducir a cerca de US$288 millones gracias a medidas como la venta de 55 inmuebles, recorte de gastos operativos y ajustes administrativos. Aunque para la administración actual esto representa un “resultado positivo”, la cifra sigue siendo preocupante.
El riesgo persiste, pues el Ministerio de Economía y Finanzas ha deslizado la posibilidad de actuar como aval para que Petroperú obtenga nuevos créditos. Si bien el ministro Raúl Pérez Reyes precisó que “no se prevé un rescate con fondos estatales, sino una reestructuración de deuda con garantías soberanas”, la incertidumbre permanece. Expertos han advertido que, en la práctica, Petroperú termina siendo subsidiada con recursos públicos, es decir, dinero de todos los peruanos.
Para muchos, Petroperú sigue siendo un elefante blanco. Las críticas se enfocan principalmente en la refinería de Talara, que estuvo paralizada entre 2019 y 2022, y cuya operación deficitaria impacta negativamente en la producción y liquidez. Algunos, como el exviceministro Pedro Gamio, afirman que Petroperú no puede competir en precios de mercado debido a su estado financiero. Otros, como el exministro José Arista, señalan que los beneficios laborales excesivos afectan recursos que podrían destinarse a reestructuración o pago de deudas.
La crisis se agravó durante el gobierno de Pedro Castillo y continúa. Esto ha reavivado el debate sobre si el Estado debe seguir administrando la empresa o si debe ceder su control al capital privado, como única vía para garantizar eficiencia y sostenibilidad sin comprometer fondos públicos.
Actualmente, en el Congreso existe un proyecto de ley del congresista Alejandro Cavero (Avanza País) para privatizar Petroperú mediante la venta o emisión de acciones en el mercado de valores. La iniciativa permitiría convertir a la empresa en una sociedad de capital mixto.
Es urgente tomar decisiones para evitar que Petroperú siga drenando los recursos del Estado.

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