¿Habrá voto de confianza?

Navegando a trompicones por las procelosas aguas de un mar cada vez más enturbiado llegará este lunes al congreso de la República el segundo gabinete del gobierno del profesor Pedro Castillo presidido, esta vez, por Mirtha Vásquez.

No sabemos, sin embargo, con certeza, cuál ha de ser el final de su presentación; es decir, si logrará convencer a un mayoritario y arisco auditorio como para obtener de él el ansiado voto de confianza o si será rechazado en este empeño.

La señora Vásquez asistirá al parlamento, acompañada de su gabinete ministerial en pleno, en virtud del artículo 130 de la Constitución Política que señala que “dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza”.

Previamente, como es habitual en estos casos, la presidenta del Consejo se reunió, por separado, con todas las bancadas políticas representadas en el Congreso para adelantar, grosso modo, la política que propondrá el lunes 25 a las once de la mañana. No será recibida con optimismo, sin embargo, por todas las bancadas parlamentarias, incluyendo a la del propio partido de gobierno que adelantó un extraño rechazo como expresión de la pugna interna que sostienen los más radicales adictos a Vladimir Cerrón, con aquellos menos dogmáticos cercanos a la línea del jefe de Estado.

Se supo, que los congresistas demandaron a la titular de la PCM desprenderse de los ministros de Educación e Interior, Carlos Gallardo y Luis Barranzuela, respectivamente, por ser los más controvertidos y peligrosos para garantizar la institucionalidad democrática, debido a sus antecedentes. Sólo así podría ver la luz al final del túnel y obtener el voto de confianza.

Una encuesta reciente de Datum arrojó que Barranzuela no genera confianza en el 62% de la población, sobre todo para la lucha del gobierno contra el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción y la delincuencia, mientras que el 73% de los encuestados se mostró en desacuerdo con Gallardo, por su pertenencia a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate), cercano al Movadef.

El gobierno del profesor Castillo no pasa por su mejor momento. La popularidad del mandatario ha bajado este último mes, siempre según la encuesta muy reciente de Datum. Por el contrario, su desaprobación se incrementó en cuatro puntos pasando de 46% (septiembre) a 50% (octubre), siendo la región de Lima la que tiene la población más crítica a su gestión con 63%. Asimismo, el 82% considera que Perú Libre quedó dividido tras el cambio de gabinete y el 12% cree que están aún unidos. Mientras que el 52% considera que Vladimir Cerrón es el que tiene el poder tras el trono de Castillo. Así están las cosas.

Menudo problema será pues el que encuentre la presidenta del Consejo de ministros este lunes. No olvidemos que el parlamento es un poder político, en esencia. Aquí los encuentros y desencuentros pasan de uno a otro lado, según como sus líderes vayan tramando sus estrategias en silencio. Y todos recurren para justificar sus inclinaciones al manido recurso de la gobernabilidad, la institucionalidad o la defensa del pueblo que, la mayoría de las veces es sólo una abstracción sin mayor contenido.

La corrupción y los indicios de su cercanía a personajes con pasado terrorista hace más vulnerable al gobierno en tan sólo tres meses de iniciada su gestión. Sumado a ello su ambigüedad y falto de rumbo en no saber qué busca como país, termina preocupando aún más a la población que sólo ve con desconcierto el errabundo camino por donde transita el presidente y sus colaboradores.

De ahí que resulte inexplicable, por ejemplo, que haya designado embajador en Venezuela a Richard Rojas, investigado por lavado de activos por el presunto financiamiento ilegal de las campañas de Perú Libre y para quien el juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ha ordenado seis meses de impedimento de salida del país. ¿Alguien lo puede entender?

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