Fiscalía, PJ y caso Wilke Rodríguez
En general el tiempo le da la razón a esta casa periodística, y en particular a esta modesta columna de opinión. Un hecho más en esa línea de veracidad es el caso del destacado profesor huanuqueño Wilke Ferreol Rodríguez Espinoza, condenado a 24 años de prisión sobre la base de denuncias falsas, de una nula investigación fiscal en Huacaybamba y un proceso judicial ligero e improvisado en la Corte Superior de Justicia de Áncash.
Por fortuna para su familia, para el derecho y la justicia, instancias superiores del Ministerio Público de Huaraz empiezan a desbrozar el camino poniendo atención sobre un caso originado en Huacaybamba el 2013, por mala vecindad, por chismes de aula, por confusión mental de una madre de familia y su hija, por represalias contra un docente, errores de protocolo de una psicóloga del Instituto de Medicina Legal de Huánuco y por el móvil económico de un mal defensor público y de un fiscal que habrían querido lucrar con el caso, previo cohecho de S/ 20,000 (Carpeta Fiscal N° 1305015501-2022-01 – 1ra Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash).
La víctima de una venganza y la corrupción es el profesor Wilke Rodríguez, denunciado por supuestos tocamientos indebidos, tema que ahora gira en 180 grados ante los nuevos hechos que se han descubierto a partir de la ardua lucha de su joven hija de 23 años de edad, Diana Rodríguez, quien aporta evidencias que aplanan el camino hacia una revisión del caso en la Corte Suprema de Justicia de la República.
Ahora bien, como el periodismo suele anticiparse a los hechos, el caso seguramente será digno de exégesis jurídica más temprano que tarde, por lo que aquí sencillamente damos las primeras líneas de la historia que está detrás de la condena a un inocente. Estos casos de reivindicación frente a la arbitrariedad hasta son de película y siempre deberían concitar la atención de los operadores del derecho porque, cuando todo se esclarece, resultan aleccionadores.
Revelar la verdad detrás de una condena injusta mueve los conchos, sobre todo porque terminará el vía crucis no solo de un condenado sino también de su familia. De modo que más que estar frente a una estadística, el reto de la Presidencia, Sala Plena, Comité de Ética, Consejo Ejecutivo, Observatorio Judicial y Centro de Investigaciones Judiciales es evitar que estos casos se repitan.
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