Fiscal Carlos Mendoza Luna (Amazonas)
Colegas de Amazonas envían una alerta. Se trata del caso sobre una larga persecución al modesto agricultor Román Pérez. Es decir, ¿el Ministerio Público se convierte en una caja de Pandora, usada para empapelar a quienes más luchan contra el abuso o la corrupción?
En los últimos dos años, gracias al caso Román, se ha visibilizado más acerca de lo que pasa en el Poder Judicial y la Fiscalía de Amazonas, donde el grado de familiaridad entre autoridades de esas instituciones, e incluso de la Policía Nacional, es moneda corriente. Primos, tíos y sobrinos han tejido intereses particulares usando su condición de funcionarios.
En ese contexto se habría dado la fabricación de una denuncia contra Román, dirigente fundador de la Asociación Comunal de Turismo San Pablo, quien lo único que busca es preservar el medio ambiente, hacer respetar las tradiciones y la vida saludable en el entorno de la catarata Gocta, pero su lucha revela ocultos intereses de terceros en medio de la ironía de recibir la espalda o el ataque de la ronda campesina de la zona.
Los reflectores de la Ocma (u Odecma) del Poder Judicial y Control Interno del Ministerio Público deberían echar una mirada al caso Román, porque desde el inicio se evidencia un plan perverso para sacarlo del camino y de la mencionada asociación, en una zona de la selva donde han llegado otras personas (terceros) con objetivos subalternos.
Nunca hay que dejar de supervisar a los jueces y fiscales, pues muchas veces no aplican bien la ley, de modo que lo que pasa en Jumbilla, Jazán y San Pablo de Valera, en la provincia de Bongará, no debe quedar ignoto y aislado, mucho más cuando en los últimos dos años se han realizado cambios en la Corte Superior de Justicia de Amazonas, pero falta que también el Ministerio Público haga lo propio y esté la altura de supervisar puntualmente a sus funcionarios.
El país no está para darse el lujo de gastar tiempo y presupuesto persiguiendo a inocentes (Exp. N° 2020-032, Juzgado Mixto Penal Unipersonal de Jumbilla – Bongará, por falsificación de documento) ni está para empapelar sin mayor fundamento a ciudadanos como Román, víctima antes que victimario, además cuando se evidencia un problema civil dentro de una asociación antes que un tema penal, ¿o todo esto es simplemente un pretexto para que la catarata Gocta quede desguarnecida?
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