Extrañas protecciones

El Ministerio Público viene enfrentando una crisis muy seria que, ensayando un símil, podría decirse que el enfermo está por ingresar a cuidados intensivos. El desgobierno es de tal magnitud que la ciudadanía observa absorta cómo, en la otrora respetable institución que persigue y combate el delito, algunas autoridades muestran comportamientos extraños: protegen a personas de su entorno amical y, por otro lado, exhiben lentitud o “olvidos” en sus funciones, lo que despierta sospechas sobre la correcta y transparente aplicación de la ley.
Esta semana, la fiscal provincial titular especializada en delitos de corrupción de funcionarios, Nora Córdova Alcántara, se presentó en televisión para dar su versión sobre un caso mediático que involucró al exfiscal de la Nación Pablo Sánchez y al periodista de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti. Ambos fueron señalados por presunta obstrucción a la justicia en una investigación a cargo de la doctora Córdova.
Días antes, Córdova acudió a la Comisión investigadora sobre actos vinculados a la colaboración eficaz entre la empresa Odebrecht y el Estado, presidida por el congresista Alejandro Muñante Barrios. En esa sesión, el colaborador eficaz Jaime Villanueva afirmó que Gorriti tenía fuerte injerencia en el Ministerio Público, particularmente sobre Pablo Sánchez.
A continuación, parte del diálogo entre Muñante y la fiscal:
—¿Usted considera que el señor Gorriti tiene poder sobre la Fiscalía o solo sobre el señor Pablo Sánchez?
—Sobre el señor Sánchez, yo considero que sí. El fiscal de la Nación recibe su llamada, le grita desesperadamente al exfiscal Álvaro Rurush para que salga (del IDL) y lo amedrenta. ¿Qué puedo pensar? Esa clase de llamada solo la hace alguien con injerencia directa.
—¿Esa llamada constituye una falta grave?
—Totalmente. Es una falta gravísima. Por menos han suspendido a fiscales.
—¿La diligencia era legal, con todos los permisos?
—Por supuesto. No se necesitaba permiso. El exfiscal Rurush tocó la puerta y lo dejaron entrar voluntariamente.
—¿No requería orden judicial?
—No, no era un allanamiento.
En la misma sesión, Pablo Sánchez reconoció que llamó a Rurush para frenar la diligencia en IDL-Reporteros. Según él, lo hizo porque no había documentación oficial para la incautación y que la diligencia era ilegal. Al respecto, Córdova detalló que todo empezó tras la emisión de audios por IDL los días 7 y 8 de julio de 2018. Como estaba de turno, se reunió con sus adjuntos para establecer una estrategia: uno de los puntos a visitar era IDL, a donde fue Rurush.
Este año, la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela archivó la carpeta y evitó denunciar a Pablo Sánchez, a pesar de que él mismo admitió haber ordenado paralizar la diligencia tras una llamada de Gorriti.
Frente a esta nueva declaración, hecha por una fiscal en funciones, la Fiscalía de la Nación deberá reabrir el caso. Si no lo hace, quedará la impresión de que en el Ministerio Público se actúa bajo la premisa: “Para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley”.

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