Extraña inacción en el sur

El gobierno del profesor Castillo no acierta una en su acción contra la criminalidad callejera y, al parecer, tampoco le preocupa los bloqueos de las carreteras como vienen ocurriendo en diferentes puntos del país, especialmente, por la zona de Chumbivilcas, en el Cusco. Esto último, que ya lleva varias semanas, ha logrado que la empresa minera Las Bambas, anunciara, oficialmente, este jueves, la paralización de sus labores, con el consiguiente perjuicio a miles de trabajadores y pobladores de comunidades cercanas que dejarán de beneficiarse con dicha actividad. La situación es tan preocupante que la Defensoría del Pueblo se ha visto precisada a pronunciarse invocando al gobierno mayor responsabilidad para enfrentar estos hechos.

Ha señalado, que ante la situación que viene aconteciendo en el corredor vial sur y frente a las dificultades para el diálogo que se han presentado entre las comunidades de la zona, la compañía minera y el gobierno nacional es necesario entender que si bien “el derecho de protesta es la garantía que tiene la ciudadanía de poder expresarse libremente frente a circunstancias que consideren perjudiciales”, no se debe ignorar que “este derecho se ejerce inseparablemente de la condición pacífica de las acciones que se realicen”.

Y fue clara la posición de la Defensoría al precisar que, sin embargo, “debemos señalar que el bloqueo de vías de forma permanente y total constituye un acto abiertamente ilegal. El derecho a la protesta debe ejercerse siempre de modo que no afecten los derechos de las demás personas”. El gobierno no parece compartir esta actitud, puesto que, en los hechos, vemos cómo se permite que las turbas bloqueen con violencia algunos puntos estratégicos de las carreteras, impidiendo, en el caso del corredor vial del sur, que se transiten por ellas y se desabastezcan de insumos a importantes centros mineros como es el caso de Las Bambas.

El propio ministro del Interior, Avelino Guillén, afirmó inocentemente que ante una protesta ciudadana la Policía Nacional “privilegia el diálogo y la negociación” como si se viviera en el paraíso del orden y el respeto a las normas. Y con cierta candorosidad refirió que “es política institucional del Ministerio del Interior respetar la integridad de las personas que protestan y no utilizar armas letales ni ocasionar daño a quienes hacen algún reclamo”. Como si se tratara de reclamos totalmente pacíficos, como si se ignorara que, generalmente, esas manifestaciones terminan con ataques violentos a la propiedad privada y a las personas, incluyendo a policías que deben soportar la arremetida de violentistas que prefieren el desorden. ¿Acaso no vemos las imágenes en la televisión con estos ataques a la policía?

Hace falta el principio de autoridad y de liderazgo para enfrentar los problemas sociales y resolverlos. Los responsables de brindarnos tranquilidad y seguridad a los ciudadanos parecen alentar, con su inacción, los hechos de violencia y ello es muy peligroso para la estabilidad de nuestra democracia. Si las autoridades no actúan prontamente, respetando los derechos humanos, pero con firmeza, tendremos instalado el desorden como un modo normal de convivencia, en el que cualquiera puede hacer lo que considere sin límite ni respeto de las normas ni de las leyes.

Entretanto, Las Bambas de MMG en Perú, informó que cerrará su producción de cobre debido al continuo bloqueo de las carreteras por parte de los comuneros de Chumbivilcas. No podemos ignorar que Las Bambas es una de las minas de cobre más grande del país y que sus operaciones se han visto alteradas por más de 400 días desde que comenzó a operar en 2016, según informaron sus directivos. La compañía utiliza el transporte terrestre para trasladar el cobre desde la mina hasta el puerto, hecho que es rechazado por las comunidades alegando reclamos ambientales y sociales. Con protestas que violan normas penales, estamos matando a nuestra “gallina de los huevos de oro”, la minería es uno de los mejores ingresos que tiene nuestro país.

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