Encrucijada

La semana pasada, teníamos más o menos claro que el mal menor ante la grave crisis político-social que remece al país era el adelanto de elecciones generales para este fin de año o el siguiente. Ahora, visto el portazo que por cuarta vez el inefable Congreso le ha dado a esta opción –incluyendo el archivo del proyecto de ley presentado por el propio Ejecutivo- ya no lo creemos tanto. ¿Es posible otra solución al desmadre nacional sin que se descarrile la vía constitucional?

Admitimos que estamos algo confundidos ante la crítica situación que atraviesa el Perú aunque sin llegar a quedar atrapados en el confusionismo que no es culpa de Confucio. La razón del dilema es porque si la alternativa frente a la conmoción general que sufre la nación azuzada por grupúsculos extremistas y al margen de la ley no fuesen los comicios anticipados, entonces parecería que no queda otra que apostar por la continuidad del régimen de turno hasta donde le alcance el mandato a riesgo de que sea incapaz de sostener la gobernabilidad. La verdad es que, con lo que tenemos –sin descartar, incluso, la renuncia al cargo de la sucesora presidencial-, el camino no es fácil ni hay certeza de si el remedio –misma sopa de Herodes por donde se le mire- termina siendo peor que la enfermad que padecemos.

Un padre de la patria y distinguido marino en retiro, se opuso –y opone- a rajatabla al adelanto electoral fundado en que sería inconstitucional. Jurídicamente no le falta razón, pero cuando las cosas llegan a una situación límite el derecho da paso a la realidad política y mutatis mutandis es lo que ocurrió en el año 2000 tras la caída de Fujimori y la transición democrática que siguió. Empero hoy, visto lo visto dado el pandemónium parlamentario y el vacío de liderazgo ciudadano, resulta improbable que ello ocurra y tampoco existe la seguridad de que si ocurriese no le hacemos, a la larga o corta, el perverso juego a los grupúsculos radicales y subversivos de todo pelaje que promueven la conmoción pública con el objetivo de socavar el orden constitucional y la institucionalidad democrática.

¿Entonces, nos quedamos con doña Dina, su Gabinete y el Parlamento con todas sus falencias y cuestionamientos? Sí y no porque su duración hasta el 2026 o antes dependerá de si alcanzan a estar a la altura para conducir los destinos de la República y salvaguardar el Estado Constitucional y Democrático en esta obscura hora. Sus hechos y el tiempo lo dirán. Roguemos al Señor. ¡AMÉN!