En cuidados intensivos

Los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) viven sus horas más dramáticas. Se hallan al borde de ser removidos por una mayoría parlamentaria en el Congreso de la República que los halló responsables de haber incurrido en falta grave. La Comisión de Justicia aprobó, esta semana, con una contundente mayoría, un nuevo informe que recomienda remover a los miembros de la JNJ por “causa grave” al haber trasgredido lo dispuesto por la Constitución Política, en lo que respecta al terreno de sus competencias. La medida fue aprobada con 15 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. El informe deberá pasar al Pleno del congreso, para su debate, y será necesario contar con 87 votos para ser aprobado, finalmente.
Fue la congresista Patricia Chirinos, de la bancada Avanza País, quien dio pie a la investigación de los siete miembros de la JNJ al presentar una moción de orden del día que buscaba iniciar una investigación sumaria por supuestamente haber cometido estas infracciones: haberse pronunciado públicamente demandando al Congreso “mayor reflexión” respecto del antejuicio y juicio político que entonces se tramitaba en contra de la fiscal suprema Zoraida Ávalos. Asimismo, por la supuesta presión que algunos miembros de la JNJ habrían ejercido contra el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, para que el PJ se pronunciara sobre el mismo caso de la fiscal Zoraida Ávalos.

Estos casos levantaron, en su momento, ideas diversas en la opinión pública, la mayoría de ellas de condena por lo insólito del hecho, puesto que nunca se habían presentado casos de abierta y manifiesta intención de favorecer a una funcionaria, tratándose de una institución que, por su función debería mantenerse distante de los juicios de valor, máxime si ella está siendo investigada. Sumado a todo ello, se encuentra el caso que la congresista Chirinos señaló en su moción: la interpretación realizada respecto al límite legal de 75 años para el acceso a la Junta Nacional de Justicia y para su cese y, finalmente, porque los miembros de la JNJ no cumplieron con presentar los informes anuales correspondiente a los años 2021 y 2022 al pleno del Parlamento y una supuesta filtración de la investigación sobre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a la ONG, IDL-Reporteros.
Durante las últimas semanas, esta denuncia mantuvo especial atención, no sólo en la prensa nacional, sino en la opinión pública nacional e internacional. Las opiniones se mantienen aún divididas. Ha sido, sin embargo, la congresista y exfiscal de la Nación Gladys Echaiz, quien contextualizó con propiedad la controversia en términos estrictamente jurídicos y constitucionales. Ella considera que sí hubo injerencia de la JNJ al exhortar al Congreso a reflexionar sobre el caso de la entonces fiscal suprema Zoraida Ávalos. “El informe dice sobre una supuesta injerencia a la independencia de poderes por el pronunciamiento del 23 de mayo, este no se había producido porque no surtió efecto; esta no es una conducta de resultados; el solo hecho de haber lanzado el comunicado lleva implícito el mensaje, la injerencia en la función del Congreso, ya el TC se ha pronunciado sobre el tema”, sostuvo.
Además, la congresista precisó que la investigación realizada por la Comisión de Justicia del Congreso no es de tipo penal. “La naturaleza de lo que estamos tratando es diferente al fundamento de las investigaciones de naturaleza penal. Una cosa es infringir deberes funcionales y otra, conductas ilícitas dolosas que tienen connotación penal; por tanto, no puede decirse que como hay investigación de infracción constitucional o de contenido penal en otras subcomisiones nosotros debemos abstenernos”, señaló la doctora Echaíz al defender lo realizado por la Comisión de Justicia del Parlamento. Cualquiera sea el resultado, se debe tener en cuenta que el Congreso de la República está cumpliendo con una de sus funciones conferidas por la Constitución, como la de control político, el cual se ha de reflejar en la votación. Dudo que se consigan los 87 votos.

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