El TC ante la crisis política permanente
Nuestra República se debatió, desde su inicio, en una permanente crisis política que sería la constante en nuestra historia, al no haber logrado consolidar sus instituciones por encima del voluntarismo de los Gamarras y Piérolas de turno. El uso de montoneras para dominar la calle y derribar gobiernos débiles sigue siendo un recurso usual; así también, mantenemos la tendencia histórica del enfrentamiento hasta la muerte, en lugar de adquirir con el tiempo una cultura de diálogo y concertación. Es curioso que la política se haya retrasado tanto respecto a otras actividades como la minería, la agroindustria, la banca y la exportación. Somos esencialmente un país de emprendedores, pero siempre nos faltaron políticos con visión de nación.
Nuestra actual crisis obedece al fallido sistema proporcional, que incentiva la creación de más partidos que programas; lo que explica la débil formación de los congresistas, casi todos de primer período. Pero también está en crisis la administración de justicia, infiltrada y manipulada por ONG y grupos de poder ajenos a la democracia, lo que permite usar a algunos jueces y fiscales como proyectiles en contra de los adversarios o para desobedecer mandatos legislativos. En realidad, salvo el BCR, no hay institución del Estado que funcione regularmente cumpliendo sus funciones dentro del marco de sus atribuciones.
Ante esta situación, corresponde al TC hacer hablar a la Constitución, y la oportunidad está en los procesos que deben concluir con sentencias que den soluciones a los conflictos. Pero para ello es necesario tener el valor de salir del razonamiento elemental, de la lección de pregrado, ofreciendo a la sociedad interpretaciones útiles para cada problema. No es posible que haya validado la postulación presidencial de condenados con pena cumplida pues, así como un pedófilo no debe regresar a enseñar en un aula escolar, el corrupto jamás debe volver a manejar presupuesto público o el asesino de policías, ordenar a las FFAA. Bastaba con desarrollar jurisprudencialmente los conceptos de rehabilitación verdadera y el bien común.
De forma similar, todos los estudiantes de Derecho saben que los procedimientos parlamentarios pueden ser controlados por los jueces, pero solo cuando es evidente la grave violación de derechos fundamentales, que parece no ser el caso de la sanción a Luz Tello y Aldo Vásquez. Es obvio que contradice, además, una sentencia anterior expedida por el mismo colegiado, lo que vulnera la predictibilidad del TC y abre la posibilidad de que Vizcarra o en su momento Antauro, por ejemplo, logren consolidar sus candidaturas gracias a generosos jueces provisionales o de conocida tendencia ideológica. Sin alterar lo ya decidido, esperamos que la mayoría del TC presente una sentencia estableciendo reglas claras para cortar, de una buena vez, la judicialización de la política.
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