El silencio que crece como un cáncer

El Gobierno no ha tenido participación alguna en la acertada decisión de detener por fin a los abogados por sus desmanes contra la mayor mina del Perú, de la que vive el país. La decisión ha sido del Poder Judicial a pedido de la Fiscalía, y ha sorprendido al Gobierno.

El Gobierno hace mucho debió pedir públicamente esa detención. Tarde o temprano, la fiscalía iba a verse obligada a hacerlo. Es lo que ha ocurrido. ¿Qué hay que lamentar?

La detención es preliminar, por 15 días. El bloqueo de la carretera y la extorsión a la mina por 100 millones de soles a cambio de levantarlo son delitos uno sobre el otro. El allanamiento de doce inmuebles en Abancay ha arrojado cartuchos de dinamita, pólvora y cacerinas. De Fuerabamba han sido expulsados 120 comuneros por tener restaurantes, hospedajes, o prestar servicios de transporte o mantenimiento de vía a la empresa.

Pero los gobernadores regionales usan un lenguaje ambiguo y no denuncian ni el bloqueo ni la extorsión, y apoyan implícitamente el condicionamiento del diálogo a la liberación.

El viceministro de la PCM a cargo del diálogo, preocupado por los derechos del dirigente detenido, anuncia  que el Ministerio de Justicia ha intercedido para que la situación se “encamine lo más pronto posible”. Agrega que el propósito del gobierno es “recuperar la situación de paz” que es “un compromiso que todos debemos asumir”.

Es un mensaje a los jueces y los fiscales que correctamente decidieron la detención de quienes hace 50 días tienen bloqueada la carretera y etorsionan a la empresa para levantar el bloqueo. El dirigete ya ha sido puesto en libertad.

Mientras tanto, el Ministerio de Transportes ha iniciado un estudio técnico para determinar el monto que corresponde pagar a las comunidades. Es un mal chiste. ¿Qué ha estado haciendo todo este tiempo? La mina de Las Bambas genera más de 26 millones de soles mensuales en beneficio del gobierno regional de Apurímac y de 83 municipalidades de la región. El pago está suspendido desde el bloqueo en febrero. ¿Y todos estos también enmudecieron 50 días?

¿Qué clase de terror político puede explicar este silencio que crece como un cáncer?

El Estado ha callado a toda costa durante años. ¿Y ahora quiere dialogar el gobierno enviando por un lado a tres ministros y por otro a un ínfimo contingente policial a reabrir la vía bloqueada?

Es tarde. El efecto de demostración ya cundió. El mal se ha contagiado. ¿Qué nombre merece, por ejemplo, lo que hace el gobernador regional de Moquegua al exigirle a Southern 2,000 millones de soles para darle la licencia social a Tía María?

No son solo las empresas mineras las víctimas de la extorsión que se disemina como la metástasis silenciosa de un cáncer. Es el Perú quien la padece.