El riesgo es para todos

Lo advertimos. Ni bien se anunció que en el Congreso de la República se llevaría a cabo un Pleno presencial, en plena cuarentena, señalamos la inconveniencia de ese propósito debido al peligro a que se exponían los congresistas con una decisión de esa naturaleza. Muchas voces se alzaron en el mismo sentido y se expresaron a través de los medios de información y las redes públicas. Sin embargo, no prestaron oídos.

Y ahí tenemos los resultados: siete parlamentarios, hasta la fecha, con el coronavirus (COVID-19) confirmados en sus cuerpos. O se contagiaron en el hemiciclo o contagiaron en él a sus colegas. O pudieron ser contagiados en sus rutinas políticas en otros espacios públicos. Lo cierto es que congregarse en ambientes cerrados y reducidos como lo hicieron el día del Pleno fue una irresponsabilidad.

Uno de los afectados, José Luna Morales, dijo en su red que era “muy probable que el contagio haya sucedido durante el cumplimiento de mis funciones parlamentarias, donde sustenté ante el Pleno del Congreso la aprobación de la ley para permitir la disponibilidad del 25% de los fondos de AFP y cuando aprobamos la suspensión del cobro de peajes durante el periodo de emergencia”. Sea como fuere, debemos admitir que ese pleno presencial se pudo llevar a cabo a distancia, con el empleo de las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías de comunicación a través del Internet, como lo vienen haciendo otros organismos e instituciones públicas y privadas, adecuándose a la coyuntura por la crisis que vivimos.

Esta semana se han presentado otras novedades. El gobierno se ha visto en la necesidad de endurecer sus medidas sancionadoras a una población que, lamentablemente, se muestra reacia e indiferente a las medidas que ha ido tomando en su lucha contra la pandemia de salud que nos está afectando notoriamente en todos los campos de la vida familiar, social, empresarial, laboral y otros. En adelante, las personas que no cumplan con las medidas de aislamiento social y expongan a otras al contagio masivo, serán multadas por la policía, con un pago que oscila entre 86 y 430 soles, que deberán ser cumplidas obligatoriamente. Si no lo hacen, serán impedidas a realizar todo tipo de transacciones bancarias, no podrán realizar contratos o salir al extranjero o toda cuanta actividad en que se requiera el uso de su DNI. Casi será una muerte civil para en infractor. Si bien puede ser persuasiva esta medida, dudo que lo sea para quienes viven el día a día y no han sido favorecidos con la ayuda del bono y/o entrega de víveres, para estos casos se debe tener en cuenta la situación de cada uno de ellos, si no tienen medios para subsistir menos tendrán para cancelar multas.

En medio de esta lucha sin cuartel por la vida en la que todos colaboramos, la opinión pública ha tomado conocimiento de manera desconcertante de la existencia de supuestos actos de corrupción en compras de respiradores artificiales e indumentaria médica en algunas instituciones del Estado que, de comprobarse, deberán ser sancionados ejemplarmente. Se sabe que existen 111 investigaciones abiertas por presuntos actos de corrupción durante los primeros 30 días del estado de emergencia.

En el plano internacional, la decisión del presidente Trump de suspender la contribución de los EEUU a la OMS a la que culpa de no haber realizado “sus obligaciones básicas» y que «no fue capaz de obtener y compartir información sobre la epidemia a tiempo y con transparencia». La medida tendrá efectos, sin duda, muy duros para la economía de dicho organismo de las Naciones Unidas. Sin embargo, todos vimos cómo el mandatario norteamericano minimizó, inicialmente, los efectos de esta pandemia y se negó a tomar medidas de aislamiento de su población. Y ahí están los resultados.

Juez Supremo